La lenta justicia del Caso Rocamar

El archivo de Caso Rocamar se ha sumado a los muchos casos sobreseídos durante los últimos años en causas de presunta corrupción. Tras cuatro años de investigación, los ex consellers de Turisme, Carlos Delgado y Jaime Martínez, y otras trece personas que habían sido imputadas, han quedado exonerados por un caso en el que, al final, ninguna de las acusaciones, incluida la fiscalía, ha visto indicios de delito.

La instrucción cerrada ahora se inició en el año 2014 ante la sospecha de que el Govern pagó un precio exagerado por la compra de un hotel en ruinas, el Rocamar del Port de Sóller, que acabaría demoliendo. En la causa se investigaba si la compra fue motivada para favorecer a la familia de un funcionario de la Conselleria que había prestado dinero al dueño del establecimiento. Sin embargo, la Fiscalía interpretó que al haber una hipoteca legalmente constituida, ello hacía descartar el delito y se recordó que aunque el Govern asumiera los gastos derivados de la demolición del edificio Rocamar, pudo adquirir la finca sin el gasto de la hipoteca valorada en más de 700.000 euros.

Sin la acusación de la Fiscalía ni de la Abogacía de la Comunidad, el juez de instrucción ha cerrado el expediente. Pero durante cuatro años, el Caso Rocamar ha permanecido abierto y sus implicados, expuestos a la opinión pública, con el consiguiente perjuicio para la imagen, las profesiones y, por qué no, también para las carreras políticas de alguno de ellos.

Los tribunales han vuelto a demostrar la injusticia que supone la lentitud en la toma de decisiones y la prolongación de casos como este, cuyos testimonios ya apuntaban la resolución que finalmente se ha adoptado. Las propias exconselleras de Turismo en el Consell y en el Govern con el anterior Pacte, Bel Oliver y Joana Barceló, antagonistas políticas de los entonces imputados, ya habían dejado claro como testigos que la decisión de la compra era anterior a la gestión de los consellers populares. Aun así, han tenido que pasar muchos meses para que la maquinaria judicial archive el caso.

Es exigible que la justicia actúe con mayor celeridad, siempre con rigor a la ley, pero también con el sentido común que indica que tantos años para instruir un caso como el Rocamar conllevan demasiados perjuicios para los afectados, a quienes nadie resarcirá ahora de los daños sufridos.