Hay que contar con promotores y constructores en las políticas baleares de vivienda

El Ministerio de Fomento ha autorizado el envío de la primera partida presupuestaria del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para su aplicación en Baleares. Se trata de los primeros 3,46 millones de euros de un total de 34,63 comprometidos y que se suman a los 21,39 que aporta la Comunidad. Con 56 millones de euros se lanza el plan que hasta el año 2021 (siempre y cuando la estabilidad política lo permita y las administraciones implicadas no lo ignoren) actuará en diversos campos como la ayuda al alquiler de vivienda, a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, al fomento del parque de vivienda en alquiler, o a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, entre otros.

La amplitud del Plan servirá de balón de oxigeno en forma de ayuda económica a los ciudadanos que pasen penurias para mantener su hogar. Todo auxilio es positivo, aún cuando la legislatura se agota para cerrarse con estruendosas omisiones y algún que otro patinazo en materia de vivienda. Las escasas promociones de VPO impulsadas desde el Govern y los Ayuntamientos no han servido para minimizar las dificultados de los ciudadanos para acceder a su propia vivienda.

En el caso de Palma, por ejemplo, proyectos tan controvertidos como el de Son Bordoy no se han materializado y el programa municipal de mediación entre inquilinos y arrendadores se ha cancelado. Por otra parte se proponen programas de ayudas al alquiler y se anuncian 800 VPO en Son Busquets, el antiguo cuartel abandonado del extinto Regimiento Mixto de Artillería 91 de la carretera de Valldemossa, cerca de la barriada del Camp Redó, del centro comercial Ocimax y del hipermercado Carrefour. Pero ni los programas de subvenciones, ni la tardía construcción de VPO, ni las limitaciones al alquiler vacacional han conseguido una rebaja de los precios de venta y de alquiler. En Palma los precios no paran de subir en lo que para muchos es ya una segunda burbuja inmobiliaria.

Y tampoco es una solución penalizar a los propietarios de pisos vacíos para incentivar la venta o el alquiler. A fin de cuentas cada uno es libre de de contar con las propiedades que desee o pueda permitirse sin la necesidad de dar explicaciones de por qué las tiene o qué uso les da a las mismas. A eso se le llama vivir en un estado de derecho.

Govern y Cort tal vez no han entendido que la regulación excesiva, la prohibición y la subvención no alivian por sí solas el problema del acceso a la vivienda. Propietarios, promotores y constructores no pueden quedar al margen del debate que se impone al respecto. No es necesario caer en el “todo vale” y en permitir la construcción a cualquier precio. Tal vez debería escucharse a los promotores y constructores cuando piden revisar las normas y cálculos poblacionales que les impiden construir viviendas más pequeñas y adaptadas a las necesidades de muchas familias jóvenes. Sería un pequeño principio de entendimiento.