Barrios atemorizados por la llegada de 'okupas' de Son Banya

Aumenta la preocupación por las consecuencias que puede suponer el desmantelamiento definitivo de Son Banya y el consiguiente traslado del narcotráfico desde poblado a otras zonas de Mallorca. El último capítulo se ha producido esta semana en el Pla de na Tesa, en Marratxí, donde los vecinos han denunciado la presencia de clanes en la zona, donde ha aumentado sensiblemente el número de viviendas okupadas.

Los vecinos de la zona se han quejado en repetidas ocasiones del ruido, la suciedad y los problemas de convivencia que han surgido como consecuencia de la okupación de viviendas vacías en el barrio, y acusan al alcalde de actuar con dejadez ante el problema.

El derribo de Son Banya, con algunas interrupciones por problemas logísticos y legales, mantiene su calendario desde el pasado mes de julio. Algunas infraviviendas ya han sido demolidas, aunque el éxodo de buena parte de quienes lo han estado habitando durante años se ha adelantado optando por instalarse en otras zonas de la isla.

Los barrios de Son Gotleu y Verge de Lluc, así como localidades de la Part Forana con pisos del Ibavi y centros especiales para las familias en riesgo de exclusión, son los destinos elegidos para el realojo de las familias desalojadas. En todo caso, los clanes más conflictivos han optado por actuar por su cuenta y, en algunos casos, ya se han instalado como okupas en viviendas vacías en Palma y municipios adyacentes. El caso más flagrante se produjo el pasado mes de marzo cuando uno de los clanes de Son Banya okupó 11 de los 16 pisos de una finca en la calle Reis Catòlics de Palma. Rápidamente, la finca se convirtió en foco del menudeo de droga con constante idas y venidas de personas y la consiguiente alarma vecinal.

El final de Son Banya, anhelado durante años, no puede convertirse en un traspaso de sus problemas a otras partes de la isla. Deben vigilarse la actuación de los clanes activos y propiciar un mayor control de las viviendas susceptibles de ser okupadas; una labor en la que deben involucrarse los ayuntamientos pero también los bancos y la Sareb, cuyas viviendas vacías son el objetivo preferido de los asaltantes, al no poderse actuar de forma inmediata. Sea como sea, debe exigirse una mayor protección de los inquilinos que pagan sus hipotecas mientras tienen que sufrir la inseguridad que conllevan unos vecinos que han tomado al asalto las viviendas y provocan serios problemas de convivencia. Las instituciones no pueden darles la espalda.