La continuidad del estado de bienestar en Balears necesita de un pacto político

El llamado estado del bienestar es desde hace años uno de los caballos de batalla que siempre está en boca de nuestros representantes, de los que gobiernan y de aquellos que ejercen la oposición. Hoy nadie duda de los logros conseguidos en materia social, de las garantías que el estado brinda a los ciudadanos y de la necesidad imperiosa de conservar tales mejorías. Conceptos como la seguridad social o la educación y sanidad públicas están profundamente arraigados en nuestra cultura. Por ello, tal cuestión anda en boca de unos y otros en el debate político. Por encima de querencias y colores, nuestro estado del bienestar se halla en grave riesgo. Las matemáticas son tozudas, inmisericordes cuando muestran la realidad. Y la realidad es preocupante.

Los datos conocidos este lunes sobre el número de pensiones que se pagan en Balears alertan del colapso del estado del bienestar. Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Balears ha alcanzado el número de 188.784 pensiones, lo que se traduce en que uno de cada seis ciudadanos de las Islas es pensionista. Las pensiones baleares se distribuyen de la siguiente manera en función del tipo: 7.128 por incapacidad permanente; 120.935 por jubilación; 44.398 por viudedad; 6.195 por orfandad; y 128 a favor de familiares. Esta situación se da cuando el pago de pensiones roza el 40 por ciento del Presupuesto del Estado. Este año está previsto destinar 144.834 millones de euros al pago de más de 9,5 millones de pensiones.

En Balears se dan otros datos que agravan el peso que se ejerce sobre el precario equilibrio del estado del bienestar. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las Islas contamos nada más y nada menos que con 38.000 jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian, ni trabajan. Afinando el dato, según un estudio de Asempleo (la patronal de empresas de trabajo temporal y agencias de empleo), el 17,5 por ciento de los menores de 25 años en Balears son jóvenes que ni estudian ni trabajan y que además no tienen intención de hacerlo en el futuro. Estos ninis inactivos menores de 25 años alcanzarían la cifra de 14.000 jóvenes, muy por encima de la media nacional que sitúa el porcentaje en el 13 por ciento.

La misma EPA arroja una cifra de parados de alrededor de 103.000 personas en Balears. Y aunque nuestra Comunidad sigue entre las más jóvenes, el índice de envejecimiento ya ha alcanzado su máximo histórico con 96 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Sin alarmismos ni medidas erráticas, se impone un ejercicio político más allá del cálculo cortoplacista en clave electoral. Gobernantes y oposición deben entender que unas Islas que cuentan con 1.116.000 habitantes censados difícilmente soportarán por tiempo indefinido una sociedad en la que se pagan casi 189.000 pensiones, que cuenta con 103.000 parados, 38.000 ninis y que envejece año tras año. El futuro solo puede pasar por el fomento del empleo y de la creación e innovación empresarial (sí, también contando con el motor del turismo), medidas reales pronatalistas y de conciliación familiar, y una mejor formación en escuelas, FP y universidades para contar con mejores ciudadanos y profesionales más competitivos. Ese acuerdo, ese pacto, resulta a la vez tan importante como urgente. Y estas no son medidas interpretables por el color político del momento, son políticas de necesidad y quién sabe si de subsistencia.