Ni una sola voz en toda España se ha alzado para defender la sentencia que la Audiencia Provincial de Navarra ha impuesto a los cinco hombres acusados de agresión sexual a una joven en los Sanfermines de hace dos años. La sala ha condenado a los encausados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual, lo que reduce sensiblemente la pena que habrían tenido que cumplir si se les hubiera considerado culpables de agresión.
Entiende el tribunal que no se produjo violencia física ni intimidación por lo que, aún sin haber consentimiento de la víctima, ha descartado que se pudiera hablar de violación. Para explicarlo, el tribunal ha necesitado casi 400 folios, incluido un voto particular que pedía la absolución.
De no prosperar el recurso que ya ha anunciado la fiscalía, la pena impuesta significa que en menos de tres años, los condenados (que ya llevan casi dos en prisión preventiva) podrían acogerse a permisos y beneficios penitenciarios. La decisión ha levantado una ola de indignación en todo el país, no sólo entre los movimientos feministas, con concentraciones en decenas de ciudades, incluida Balears.
La diferencia entre cumplir los nueve años impuestos y los 22 que pedía la fiscalía estriba en la apreciación de los jueces que han considerado que no se produjo violencia ni intimidación. Es posible que las pruebas y las declaraciones realizadas durante el juicio así lo revelen; se verá en futuros recursos. Pero el sentido común lleva a pensar que la ausencia de golpes o heridas no necesariamente implica que no haya intimidación. La joven víctima de La Manada pudo sentirse intimidada hasta ceder a una actitud de sometimiento y pasividad simplemente por miedo.
Cuando decisiones judiciales como esta y el sentido común no convergen cabe pensar si no sería oportuno modificar las leyes. Sólo puede haber consentimiento si se ha expresado claramente. No bastan el silencio o la pasividad.
Es lo que han entendido miles de ciudadanos que han salido a la calle y hasta la propia Policía Nacional, en cuya cuenta de twitter recuerdan a la víctima que no está sola. Como no lo deben estar las miles de mujeres que pasan por trances similares. La reacción social en el caso de La Manada y la revolución imparable del "me too" anuncian cambios irreversibles, quizá legales, pero sobre todo en las relaciones sociales. Es el aspecto positivo de un drama demasiado extendido que se ha incorporado a la agenda por la vía de urgencia de la mano de este caso judicial, independientemehte de lo que dictamine la justicia en las instancias superiores que deberán ver ahora la causa.