La Junta de Personal Docente no Universitario (JPDnU) ha solicitado cambios en las oposiciones para cubrir plazas de maestros y profesores en el archipiélago con el fin de que "los opositores tengan las máximas garantías".
En una resolución fechada el 27 de febrero y hecha pública este domingo, el órgano de representación de los docentes critica la regulación estatal, que se aplicará en la convocatoria de 1.008 plazas de la que informó el pasado viernes la Conselleria de Educación tras el último Consell de Govern.
La JPDnU considera que "el carácter eliminatorio de la primera parte de las pruebas" supone no evaluar "todas las capacidades pedagógicas de un futuro docente", por lo que "exige a negociación de un nuevo sistema de acceso".
Reclama pactar un calendario para 5 años "que de tres oportunidades como mínimo a cada especialidad, como se acordó en la Mesa Sectorial Estatal".
Entre las reformas del sistema en vigor propuestas por la JPDnU están el establecimiento de un sistema de sorteo de los tribunales "más justo", además de que se reduzca el número de opositores por tribunal.
También reclama que la prueba práctica se ajuste al currículum de Baleares, que se publiquen con suficiente antelación los criterios de evaluación y la lectura pública de la primera prueba".
"Malestar" por las acusaciones de adoctrinamiento
Además del acuerdo sobre las oposiciones, la Junta de Personal Docente ha hecho público otro adoptado el 31 de enero en el que expresa su "malestar" por las acusaciones de adoctrinamiento en la enseñanza pública del archipiélago.
La Junta de Personal Docente no Universitario ha expresado su "desacuerdo y malestar" ante las acusaciones de algunos partidos políticos y entidades que ponen en cuestión la profesionalidad y las buenas prácticas del colectivo docente y la acusan de adoctrinar al alumnado de Baleares.
La Junta de Personal ha manifestado en un comunicado su "total apoyo" al colectivo docente y ha rechazado los requerimientos que se han hecho en la Alta Inspección Educativa "para que investigue estas acusaciones de adoctrinamiento y el contenido de los libros de texto, así como las denuncias presentadas al Defensor del Pueblo estatal".
Por último, la Junta ha asegurado que los docentes de las Islas "educan en derechos y en valores; y no pueden separar la su trabajo de la realidad que vive nuestro país".