La gerente del IDI, citada ante el juez el viernes tras la denuncia de 2 trabajadores

Los dos trabajadores piden a la gerente del IDI que se retracte de unas supuestas declaraciones en las que Hinojosa les habría acusado públicamente de haber cobrado comisiones de proveedores el IDI en repetidas ocasiones. Ambos trabajadores, uno de Mallorca y otro de Menorca, no descartan acudir a la via penal en función de lo que suceda el viernes por la vía civil.

Los denunciantes critican las formas empleadas por la gerente, una crítica que se suma a las hechas públicas por otros colectivos laborales del IDI durante los últimos meses, que han calificado la actuacion de la gerente de "intervencionista, sectaria e inexperta". El comité de empresa ha criticado durante los últimos meses el ambiente interno del instituto, donde el diálogo con la dirección se mantiene roto desde antes del verano, a la espera todavía de que se negocie el convenio y la Relación de Puestos de Trabajo.

Uno de los colectivos que más criticaron la gestión de Hinojosa los últimos meses fue el formado por los funcionarios que realizaban la página web del Salón Nautico. Los funcionarios criticaron la externalización de un servicio hasta ese momento realizado con recursos propios. La adjudicación se realizó a la empresa Waka Solutions (habitual proveedor de estos servicios al PSOE) por un coste de 10.200 euros, frente a una oferta más barata presentada por otro de los licitantes (9.950 euros). En abril pasado, este caso obligó a comparecer ante el Parlament al conseller del que depende el IDI, Yago Negueruela, titular de Treball. Negueruela defendió la gestión de Hinojosa argumentando que la oferta de Waka era más completa, y que se pretendía "liberar" de carga de trabajo a los funcionarios.

Aunque antes ya había habido otros episodios conflictivos protagonizados por Nuria Hinojosa, criticada en anteriores ocasiones por su aparente poca idoneidad curricular para el puesto. Uno de estos episodios polémicos se produjo el pasado mes de diciembre con las obras de reforma del recinto ferial de Maó. En esa ocasión, lo que sobre el papel eran unas obras menores que, a su juicio, no requerían licencia municipal, se convirtieron en realidad en unas reformas estructurales con un coste de 120.000 euros realizadas sin licencia. Hinojosa restó importancia a la ausencia de licencia calificándolo como un "papeleo" que no estaba "por encima de la necesidad pública de las obras".