El caso del que se tuvo noticia el pasado martes, en el que tres niños de 11, 10 y 5 años habían estado conviviendo durante días con su madre de 40 años, que habría fallecido por causas naturales en un piso de la barriada palmesana de Verge de Lluc, es un episodio estremecedor que debe ser aclarado. La mayor de los hermanos salió de la casa para pedir comida a un jardinero, lo cual da idea de lo dramática de la situación. Al día siguiente por parte de las Administraciones competentes en servicios sociales y en educación se alegó que se habían activado los protocolos al efecto ante el absentismo de los menores desde hacía meses. Según parece, tanto Consell de Mallorca como Ajuntament de Palma estaban al corriente de que la madre no llevaba a sus hijos al colegio, pero ahora alguien tendrá que detallar qué se hizo para revertir la situación, porque nada de lo que se va sabiendo hasta ahora es ni normal, ni admisible. La consellera Fina Santiago explicó que la madre rechazaba toda ayuda, pero es un argumento que no justifica en modo alguno que tres menores estuvieran sin acudir a clase y en grave riesgo de desamparo.
En una comunidad autónoma como Balears, donde han corrido ríos de tinta por el caso de un inmigrante sin papeles que falleció de tuberculosis, pese a que fue atendido por un médico de Atención Primaria en un centro de salud y posteriormente el Hospital de Inca; o donde en octubre del año pasado, un menor falleció al incendiarse su habitación en el centro de menores de Es Pinaret, parece que los casos donde los servicios públicos parecen haber fallado de forma clamorosa ya no suponen ni motivo de escándalo ni consecuencias para nadie. El caso de los tres menores debe aclararse inmediatamente porque por muchos protocolos que se hubiesen activado, de nada sirvió.