El Pi pide al Govern que concrete los casos de vulnerabilidad energética

El diputado Josep Melià ha explicado que "ya existe una normativa europea que establece que las administraciones deben garantizar un suministro mínimo para preservar la dignidad humana en situaciones vulnerables" y ha señalado que "necesitamos un marco legal autonómico".

La ley que propone El Pi define la situación de vulnerabilidad de las familias, ya sea "por su renta, por situaciones sociales determinadas, por familias numerosas... Era necesario definir la situación de vulnerabilidad". Ademas, se establecen medidas para paliar y reducir la pobreza energética y para establecer todas las actuaciones encaminadas a disminuir sus efectos inmediatos, así como el número de personas que la padecen.

"Las administraciones deberán hacer frente al pago del suministro o parte del pago, dependiendo de la situación", ha explicado Melià. "Pero las empresas suministradoras también tendrán la obligación de informar antes de proceder a cualquier corte de suministro", ha añadido.

El Pi confía en que esta proposición de ley, que ya se ha registrado en el Parlament, reciba el informe favorable del Govern y sea tomada en consideración con el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios para que sea una realidad y una ayuda efectiva durante el 2017.