Según declaró en su momento el hijo de la Paca, los propietarios del local en el montó la discoteca Cavalli -en Joan Miró- son dos policías locales investigados en la trama: T.G. y T.L.
Asegura que los tres se entrevistaron con Torres y se cerró el acuerdo de que adquiriría las licencias oportunas y que ese mismo día podría abrir los locales. Ese mismo día, un arquitecto se pasaba por el local y tras un "vistazo rápido" y el pago de 3.500 - 4.000 euros, el Cavalli se ponía en marcha. Esa misma noche.
El juez tiene claro que este procedicimiento no es normal "El procedimiento es del todo irregular ya que lo normal es que el pago se efectuase en el propio Ayuntamiento, y por los cauces establecidos al efecto, por lo que este pago habría sido fiscalizada por la Administración", argumenta Penalva.
Además, según la declaración de otro testigo protegido, Torres era la "persona de confianza de otro de los agentes investigados para conseguir licencias de manera ilegal".