Retos para un nuevo gobierno en España

La segunda vuelta electoral ya está aquí y va a ser apasionante por lo que significa de histórica y, sobre todo, por lo que respecta a los resultados que deparará esta nueva cita con las urnas.

Más allá de los resultados electorales, y dado el escenario actual en el que nos movemos, es decir, incremento de la deuda pública, incremento de los servicios públicos, incremento del coste de personal al servicio de las administraciones públicas, y, un largo etc…, y, con el objetivo de consolidar la estabilidad y el crecimiento económico, se hace imprescindible abordar una nueva agenda de reformas, de profundo calado, que permita la modernización y pervivencia del sistema, conformándose así, los retos y desafíos a los que se enfrentará el gobierno de España en la próxima legislatura.

Con respecto a la urgencia de las reformas del sistema, es necesario explicar que el dinero que gestionan las diferentes administraciones públicas, ya sea estatal, autonómica, provincial/insular y local se originan en el pago de impuestos de los ciudadanos y empresas y, dado que, se gasta más de lo que se ingresa, se origina un déficit (deuda) que se financia a través de venta o emisión de deuda pública y que, en definitiva, es lo que los inversores/bancos prestan. Así, contextualizando, España, en el año 2011, estuvo al borde del “crack” dada la catastrófica situación económica a la que las políticas erróneas nos condujeron, por lo que, para evitar la intervención de la UE, no quedó más remedio que acceder a las condiciones del Banco Central Europeo, en virtud de las cuales se tenía que garantizar el pago de la deuda pública, y, de ahí, la reforma de la Constitución española (art. 135) pactada por el entonces Presidente del Gobierno, Zapatero, y el líder de la oposición Rajoy, en virtud de la cual se aprobó una ley orgánica que estableció que, para el año 2020, la deuda pública no sobrepasaría el 60 % del PIB. Todo ello se realizó con el fin de reforzar la credibilidad de la economía española ante los mercados financieros que habían colocado a España en su diana. Hay que recordar que a día de hoy la deuda pública asciende, ya, al 100 % del PIB. Dicha deuda pública total es la que engloba la de todas las administraciones públicas (estatal, autonómica, provincial/insular, local), que, asciende a más de un Billón, con B, de euros.

Así, y por lo que respecta a los grandes temas, se convierte en inaplazable la reforma de la legislación electoral por cuanto la normativa vigente se ha visto superada, ampliamente, por los acontecimientos. Se tiene que trabajar en la propuesta de una nueva legislación que pivote sobre una mayor capacidad de representación de los cargos públicos, ya sea mediante la modificación del actual sistema de listas cerradas a un sistema mixto, ya sea mediante la elección directa o a doble vuelta de los alcaldes, Presidentes Regionales y del Presidente del Gobierno, a través del sistema de voto mayoritario, apostando por una legislación acorde a los tiempos que vivimos en el que la mayoría gana y, por tanto, gobierna. No hay nada más democrático que defender lo que la mayoría expresa en las urnas, olvidándonos de las componendas de despachos que el actual sistema proporcional permite y que nos conduce, en muchas ocasiones, a gobiernos de los que forman parte todos los perdedores en contra del ganador de las elecciones.

No es menos importante la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas, apostando por un único modelo para todas ellas, menos enrevesado y más transparente, reduciendo los diferentes fondos de suficiencia y cohesión territorial por uno sólo que compense las desigualdades entre territorios y avanzar hacia la convergencia entre todos ellos mediante un sistema de exigencia de la adopción de medidas de reformas estructurales del sistema.

Es inaplazable la ordenación y coordinación de los diferentes sistemas de salud existentes en las CCAA, principalmente en lo relativo a la tarjeta sanitaria única para todos ellos con convenios de colaboración y traslado de costes de asistencia, así como apostar por una legislación básica, para todas las CCAA, en virtud de la cual se fije una cartera de servicios sanitarios básicos y comunes a aplicar en cada una de los territorios y, a partir de este “paquete común”, cada CCAA puede implementarlo con prestaciones complementarias a cargo de sus presupuestos.

Resulta, evidentemente, necesario profundizar en la legislación laboral modificando, entre otros, aspectos relativos a la dualidad del mercado de trabajo, a la reducción de los diferentes tipos de contratos, a la reducción, sustancial, de las cotizaciones sociales, incluidas las de los autónomos, que representan un lastre para la contratación, en tanto en cuanto, se han convertido en un verdadero impuesto al trabajo.

Por lo que respecta al paquete de medidas económicas, es necesario practicar una reducción fiscal para consolidar el crecimiento económico, por lo que hay que afrontar varias reformas, tales como reducción del IRPF; reducción del IVA a un tipo único, de porcentaje medio entre el máximo y el mínimo actuales, que permita aflorar la ingente economía sumergida existente, y evitar que siga convirtiéndose en un freno empresarial “legal”; reducción del porcentaje de los pagos a cuenta que autónomos y empresas tienen que satisfacer a la hacienda pública cada trimestre, dado que les resta competitividad y capacidad de gasto e inversión; reducción del impuesto de sociedades a niveles de Irlanda (12,5%) con un tipo único, como elemento que pueda generar músculo financiero para nuestras empresas, así como para estimular la instalación en España de empresas trasnacionales.

Por último, hay que reformar el sistema de pensiones que debería orientarse hacia un sistema mixto, público-privado, en el que compute toda la vida laboral y que permita la sostenibilidad y perdurabilidad del sistema sin tener que aplicar reducciones constantes a futuro, en las cuantías de las mismas.

Todas estas reformas son imprescindibles para mantener nuestra sociedad del bienestar y se tienen que afrontar, sí o sí, en la próxima legislatura porque son, casi todos, problemas endémicos y estructurales que hasta la fecha no se han querido modificar pensando en un hipotético fracaso electoral a futuro. Fruto de esta miopía, hemos llegado al día de hoy con el “sistema” en entredicho y quebrado, con una deuda pública inconmensurable que se ha convertido ya, en el verdadero problema de España