Amenaza inaceptable del Gobierno central

Ante la carta que el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, remitió a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, amenazando con retener pagos al Govern por el incremento en el plazo de pago a proveedores, la reacción airada de la presidenta Francina Armengol está más que justificada. Siendo Balears una comunidad autónoma infrafinanciada, como ha reconocido el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no es admisible amenazar con asfixiar al Govern si no se acometen nuevas medidas de recorte.

El Gobierno central parece querer cargar por entero la responsabilidad del incumplimiento del límite de déficit pactado con la Unión Europea en las comunidades autónomas cuando hay factores que no se pueden obviar, como es que hay autonomías que llevan años padeciendo una insuficiente financiación, lo que repercute en los servicios públicos esenciales que prestan a los ciudadanos, singularmente sanidad y educación.

Parece claro que hay que cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad, pero conviene no olvidar que el Ejecutivo central está en funciones y que no es lícito exigir con el mismo rigor a comunidades que son pagadoras netas y aportan al conjunto, que las que son perceptoras. El Gobierno de Mariano Rajoy no puede continuar apretando a Balears porque la asfixia ya es máxima.