Objetivo, creación de un marco normativo atractivo para la inversión

Desde el CEE-IB abogamos por una economía de libre mercado en donde impere la seguridad jurídica, basado en un marco normativo mínimo, claro, y estable, con garantías de pervivencia y que permita crear certidumbre con el objetivo de atraer a potenciales inversores/emprendedores/empresarios que, al fin y a la postre, son los generan riqueza, puestos de trabajo y mejoran el bienestar social de las personas.

Históricamente, todas las administraciones públicas, han apostado por el “dopaje normativo”, por una hiperregulación, que, en muchos casos, ha resultado de imposible aplicación por sus múltiples interpretaciones, que han acabado con el margen de maniobra de los sectores productivos y que ha devenido en elemento clave para ahuyentar a la inversión.

Todo este conjunto legislativo de normas con carácter europeo, estatales, autonómicas, insulares y municipales se ha convertido en un corpus normativo muy complejo que genera un grado muy elevado de incertidumbre jurídica a la hora, entre otras, de determinar cuál es exactamente el ordenamiento jurídico vigente y su verdadero alcance. A modo de ejemplo, en Baleares, desde que se accedió a la autonomía se han promulgado más de trescientas cincuenta leyes y más de cuatro mil decretos, que, además, tienen que convivir y relacionarse con los ordenamientos jurídicos estatal y europeo, con todos los problemas que ello conlleva de adaptación, de obsolescencia, etc.

Pues bien, llegados a este punto y cuando se evalúa el resultado de esa hiperregulación, se alcanza la conclusión, a las pruebas les remito, de que el entramado jurídico en España en general y en Baleares en particular, es de tal envergadura, que urge tomar el camino contrario, es decir, desregular, apostando por la simplificación legislativa.

Durante la pasada legislatura, el Govern de las Illes Balears inició el camino de la racionalización normativa aprobando una ley que deroga infinidad de texto normativos obsoletos, repetidos, insustanciales, etc. y que además apuesta por la compilación normativa existente.

Es un primer paso, pero resulta insuficiente para que nuestra legislación sea atractiva para la inversión y la generación de puestos de trabajo. Para ello hay que apostar por la libertad individual dado que, empíricamente, los territorios más prósperos, los que más oportunidades laborales generan, en los que menos desigualdades sociales existen, y en los que más beneficios sociales disponen, son aquellos que disponen de una normativa que facilita y proporciona la libertad individual de sus ciudadanos, huyendo de intervencionismos y proteccionismos a la carta.

En nuestro país, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, en el capítulo I del título I, bajo el epígrafe “Mejora de la calidad de la regulación”, enumera como principios de una buena regulación, en primer lugar, que las facultades de iniciativa normativa han de ejercerse de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación de los ciudadanos y las empresas y la adopción de sus decisiones económicas; y, en segundo lugar, que lo poderes públicos tienen que procurar el mantenimiento de un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible, para posibilitar el conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte aplicable.

Ya en el ámbito autonómico, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, entre sus principios generales, afirma que la mejora del marco regulador, o calidad normativa, es esencial para cumplir con los compromisos europeos y hacer más fácil el desarrollo de las actuaciones empresariales y ciudadanas.

Así, dado que se dispone ya de los parámetros de actuación, hay que ponerse, de forma inmediata, a la reestructuración del marco normativo bajo las premisas de que las normativas sean mínimas, para permitir el desarrollo individual en sus potencialidades máximas; que sean claras, para no inducir a errores de interpretación; que sean eficaces, es decir, que lo que en ellas se establezca se acabe cumpliendo, y sean estables, que perduren en el tiempo sobrepasando los vaivenes políticos.