Condenado un sindicalista de UGT por atentar contra el honor de Josep Pons

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado una sentencia del juzgado de Primera Instancia de Palma y condena al miembro de UGT Antonino Obieta al pago de 30.000 euros por "intromisión ilegítima" en el derecho fundamental al honor del diplomático mallorquín Josep Pons Irazazábal.

En un comunicado remitido por el propio diplomático mallorquín, que fue presidente del RCD Mallorca hace unos años, se informa de que la Audiencia Provincial confirma la sentencia contra el secretario para el Exterior de la FSP-UGT a raíz de sus manifestaciones públicas en medios de comunicación autonómicos y nacionales en 2010 sobre una denuncia laboral de una empleada de la Embajada de España en Viena, donde Pons era el embajador.

La Audiencia Provincial ha comunicado que se imponen las costas de primera instancia a Antonino Obieta, que deberá publicar a su costa en varios medios de comunicación el texto íntegro de la sentencia cuando ésta sea firme.

La sentencia en primera instancia estimó que se había producido una "intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor" del expresidente del RCD Mallorca y que, como consecuencia de ello, se le habían "producido graves daños morales".

Por este motivo, el juez condenó entonces al dirigente sindical a indemnizar a Josep Pons con 100.000 euros y le advirtió expresamente de que, en lo sucesivo, se abstuviera de "realizar actos semejantes" referidos a Josep Pons. La Audiencia Provincial ha rebajado esta cantidad a 30.000 euros.

Tras conocer el fallo, Pons ha expresado su satisfacción por haberse confirmado la intromisión ilegítima en el derecho fundamental a su honor.

"Queda claro -señala en la nota- que no se puede desacreditar a una persona con la difusión de información que no está respaldada por la verdad, como también se ha puesto de manifiesto esta semana con la decisión del juzgado austríaco de lo social".

En concreto, la Justicia austríaca ha desestimado hace unos días una demanda de una trabajadora de la Embajada de España en Viena (Austria), afiliada a UGT, por un presunto acoso sexual por parte de Pons cuando era embajador en ese país en 2009.

"La versión (de la denunciante) no es creíble y no hay acoso sexual", señala la sentencia leída por el juez, que además impuso el pago de las costas del juicio a la parte demandante, el sindicato UGT.