Agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, junto a los fiscales Anticorrupción, han continuado esta mañana con los registros en las viviendas de la expresidenta del Parlament y el Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, en Costitx y en Palma, así como la vivienda en la capital balear del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo, Miquel Nadal, según han informado fuentes policiales.
Precisamente, la Policía Nacional y los fiscales llevaron a cabo este lunes un primer registro en estas viviendas, después de que el exconseller de Territorio del Consell de Mallorca, Bartomeu Vicens, haya confesado las supuestas irregularidades en la venta del solar de Can Domenge a mitad de precio en la que se llegaron a cobrar cuantiosas comisiones.
De este modo, los agentes y los fiscales tratan de buscar el dinero supuestamente cobrado de manera irregular por Munar y Nadal, después de que Vicens devolviera este lunes un total de 160.000 euros procedentes de las citadas comisiones.
Mientras, Munar reveló este lunes, tras los registros efectuados en sus viviendas, que los los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía "se han llevado recortes de periódicos y escrituras públicas de mis propiedades".
En declaraciones a Europa Press, Munar consideró que el registro de sus dos viviendas es una actuación "normal" tras la denuncia realizada en los Juzgados por Vicens, respecto a las citadas comisiones.
Munar aseverÓ que "no queda más remedio" que entender que ambos registros se enmarcan en una actuació normal, tras la denuncia de Vicens, al tiempo que esperó que en próximas fechas, le llamen a declarar sobre este asunto, si bien desconoce si será como imputada o como testigo.
Cabe recordar que Vicens fue condenado en 2010 a tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en el caso Son Oms, si bien tiene otras causas pendientes, por las que podría ser condenado a 20 años de cárcel.
El Tribunal Superior de Justicia condenó a Vicens por pagar con 12.000 euros de fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio inmobiliario sobre el valor del suelo en la isla, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.