Mugeju, Muface, Isfas

Salvo para los propios mutualistas, las siglas MUFACE, ISFAS, MUGEJU pueden parecer una sopa de letras no inteligible. En realidad, son los acrónimos del mutualismo administrativo, organismos autónomos que gestionan regímenes especiales del Sistema de Seguridad Social y que entre otros, cuenta con un mecanismo de cobertura sanitaria para más de dos millones de españoles, vigente desde hace más de 30 años. En Baleares, un 4% de la población esta bajo la cobertura especial. El mutualismo administrativo va dirigido a los funcionarios de la administración central, la judicatura y fuerzas de seguridad del estado. Las mutualidades de funcionarios, prestan directamente la asistencia sanitaria a sus asociados o a través de seguros de enfermedad concertados. Cuenta anualmente con un presupuesto que se financia con las cotizaciones de los mutualistas y una aportación del Estado. Tiene claramente definida su cartera de servicios y los estándares de calidad aplicables.

Estado de situación

La asistencia sanitaria prestada por las mutualidades de funcionarios genera un gran interés y debate; la propia Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), apostó por su extinción. Veinticinco años más tarde sigue vigente y con un nivel alto de aceptación. Recoge alabanzas y críticas a partes iguales. Para unos debería desaparecer e integrarse en el régimen general. Para otros debería potenciarse.

Lo que no es discutible es que es un sistema económico, con participación en el pago, basado en la libre elección, con  un férreo control presupuestario y con un gran nivel de satisfacción. Las condiciones son ligeramente distintas a las generales, pero no se puede afirmar expresamente que sean mejores y mucho menos que sean discriminatorias. Además, los mutualistas pagan religiosamente sus impuestos (IRPF, IVA,..), con los que se financia la asistencia sanitaria pública y universal. El coste de la asistencia, en bruto, es un 40% inferior al per cápita de la asistencia general.

Fortalezas

Entre las fortalezas del mutualismo administrativo cabe destacar que la asistencia prestada por las aseguradoras,  a través de los centros concertados, genera una actividad económica complementaria, aumenta la posibilidad de elección y es, en esencia, más económica. Tampoco hay que olvidar que se puede considerar un sistema totalmente consolidado, con costos y resultados totalmente previsibles. Tiene otras fortalezas mas específicas como la seguridad en la asistencia prestada en el extranjero y otras generales; aporta un poderoso factor de equidad al potenciar el sistema asistencial privado en las comunidades en las que el nivel de seguros privados de enfermedad es baja, favoreciendo la oferta alternativa y con ella  libertad en la elección y en algunos casos, la complementariedad del sistema público.

Debilidades

Como sistema alternativo cerrado, se percibe, aunque no lo sea,  como un elemento de discriminación positiva. También cabe reseñar que las cifras presentadas como ahorro directo generado al SNS (coste asistencia SNS - coste mutualidad) precisa de factores correctores. La inversión sanitaria pública en salud pública, medioambiental, seguridad alimentaria, en organismos de control e inspección, en unidades de coordinación de trasplantes,… solo se contabiliza en la sanidad pública. Algunos estudios visualizan diferencias significativas en las características de la población atendida, atendiendo a edad y morbilidad.

Ampliación y reforma del mutualismo administrativo

El debate sobre la forma de proveer nuestros servicios sanitarios es interesante y enriquecedor desde muchos ámbitos. Sin embargo, desde el momento en el que la sostenibilidad del sistema es la pieza angular del futuro de nuestro sistema de salud, tienen que abordarse todas las iniciativas que puedan descargar el sistema público general y aumentar su eficiencia, así como aquellas alternativas capaces de generar nuevos ingresos, contribuir a la potenciación de la actividad económica y a la generación de nuevos puestos de trabajo. Tampoco hay que perder de vista que el mutualismo administrativo ha mostrado una gran capacidad de adecuación a los tiempos de crisis, mientras se cuantifica en un 173% el incremento de la deuda del sistema público entre 2009 y 2011.

Sobran razones para potenciar un sistema vigente y alternativo, que sin dejar de ser solidario y equitativo, puede contribuir a la sostenibilidad. Por ello, sería lógico estudiar y en su caso, ampliar la cobertura a los colectivos de la administración local y autonómica que quieran adherirse.