Los fiscales Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán presentaron el pasado 8 de octubre ante el juzgado de instrucción número 2 cuyo titular es Pere Barceló, la petición de apertura de una pieza separada dentro del caso Voltor en relación a un convenio celebrado entre el consorcio IB-Blau y la entidad Bitácora firmado en agosto de 2008 y que tenía por objeto “la promoción y el fomento del turismo náutico sostenible en las Islas Baleares”. Este convenio tenía una dotación anual de 850.000 euros.
Más allá del entramado societario descrito en la petición de Anticorrupión, llama la atención que no se haga relato fáctico de ningún pago realizado por parte de la administración a Bitácora, puesto que si no hay pago es materialmente imposible que haya existido la malversación. En el escrito de Fiscalía no se menciona en ningún momento en que fecha se efectuaron los pagos por parte de la administración.
Este hecho es importante puesto que de acuerdo con lo dispuesto con el 432 del Código Penal, el delito de malversación se consuma en el momento de la disposición del dinero público.
Según ha podido saber mallorcadiario.com, los pagos realizados por facturas relacionadas por el convenio tuvieron lugar durante el mandato de Joana Barceló en la Conselleria de Turismo, sin embargo, no aparece nombrada ni una sola vez tanto en la petición de los fiscales como en el auto de apertura de pieza separada del juez instructor.