Inicio de curso conflictivo

Más de 160.000 alumnos se incorporan a las clases en Baleares en uno de los inicios de curso más calientes de las últimas de décadas a causa de la reducción del número de maestros interinos, y la polémica por el uso del catalán. Ello, a pesar que el conseller de Educació, Cultura i Universitats Rafel Bosch afirmara a principios de semana que sería un inicio de curso “normal”.

A la espera de cerrar el proceso de matriculación, 32.688 niños están inscritos en educación infantil, 63.666 en primaria, 42.429 jóvenes en secundaria y 12.334 en Bachillerato. 109.730 alumnos estudiarán en un centro público, mientras que 51.309 lo harán en uno de concertado. Por otra parte, se estrenan en Baleares 4 instalaciones educativas que dan cabida a 1.800 plazas, de los cuales sólo una está en Mallorca, el CEIP Rodamilans de Sineu. La isla cuenta con 313 centros educativos.

No obstante, las cifras no esconden la polémica generada por la campaña “Així el meu fill no comença” promovida por la Federació de padres y madres de colegios públicos (FAPA) consistente en que los padres no lleven a sus hijos al colegio los primeros días de clase en señal de protesta por los recortes llevados a cabo por la administración. Cuenta con el apoyo de CCOO, STEI y PSM. El Instituto de Política Familiar denunció la FAPA ante el Defensor del Pueblo, la oficina del Defensor del Menor, el Parlament de les Illes Balears y la Conselleria de Educació por instigar un delito de abandono familiar.

Por su parte, UGT ha calificado el inicio de curso de “nefasto” para los profesores y para las familias y alumnos. Para el sindicato, las decisiones políticas han sido dirigidas “sin escrúpulos” hacia la destrucción de trabajo en el sector, el retroceso de los servicios educativos y el incremento de costes para las familias.

En la misma línea, desde CCOO se considera que “el curso se inicia quemado” debido a unas ratios de alumno por clase “hinchadas”, unos presupuestos inexistentes en los centros, bajas de docentes que no se cubrirán y los recortes salariales en las redes públicas y concertadas.