La defensa de Munar pide la libre absolución en el caso Can Domenge

El abogado penalista Gabriel Garcías, que dirige la defensa de la ex presidenta del Parlament, del Consell de Mallorca y de la extinta formación política Unió Mallorquina, María Antonia Munar, ha presentado su escrito de defensa en el caso Can Domenge. Este supone el último trámite procesal antes de que se remita la causa a la Audiencia Provincial de Palma para su enjuiciamiento previsiblemente a finales de año o principios del 2013.

En un escueto escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción nº 12 de Palma de Mallorca, cuya titular es la magistrada María del Carmen González Miró, el abogado defensor de Munar niega los hechos de los que se le acusa y mantiene la inocencia de su representada. Es previsible que Garcías defienda la corrección del procedimiento de enajenación del solar de Can Domenge, que fue avalado en todo momento por los técnicos del Consell.

La Fiscalía Anticorrupción imputa a María Antonia Munar, Miquel Nadal (ex vicepresidente del Consell), Miquel Àngel Flaquer (ex conseller de Economía), y Bartomeu Vicens (ex conseller de Territorio), los delitos de prevaricación, fraude a la administración y revelación de información privilegiada y pide para todos ellos 6 años de cárcel. También se acusa al propietario de la constructora ganadora del concurso, Sacresa. Román Sanahuja, de los delitos de fraude a la administración y uso de información confidencial a 2 años de prisión. Y para el abogado Santiago Fiol, a la sazón representante de Sacresa en Mallorca, se piden 18 meses de cárcel por fraude a la administración y revelación de secretos.

Las acusaciones particulares, ejercidas por la constructora que presentó la querella, Núñez y Navarro, propiedad del ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez, y por el Consell de Mallorca, piden penas de cárcel muy superiores ya que incluyen el delito de malversación de caudales públicos, aunque los fiscales Horrach y Carrau en su escrito de acusación descartaron la comisión de tal delito basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que el objeto material de dicho delito no puede ser un inmueble.