La asociación El Defensor del Paciente ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que solicita la recuperación de la cartilla única de la Seguridad Social con el fin de poner fin al “cobro de la tarjeta sanitaria individual que ya se aplica en Baleares y Galicia”.
Esta organización asegura con este documento único que incluye a toda la unidad familiar, “no es necesario tener una tarjeta por persona” y que el pago por ella, como sucede ya en las Islas para quienes tengan que renovarla, “puede extenderse a todo el país”.
La presidenta de la asociación, Carmen Flores, firmante del documento, asegura que la tarjeta única familiar evitaría costes y molestias a los usuarios y “dejaría sin argumentos de 'fraude' que se han inventado para 'colocar' un copago”.
Paralelamente, la asociación considera que así se evitarían “distintivos de comunidades” y esta “tarjeta universal sanitaria” evitaría “la desatención que están recibiendo los pacientes que se desplazan de una comunidad a otra”.
La carta recuerda, además, que según la ley, “la sanidad española es universal y gratuita” y, en consecuencia, un ciudadano español “no tiene porqué hacer una sola gestión ni 'papeleo' para ser atendido en cualquier zona del territorio español”; es más, insiste en que es “vergonzosa la indefensión y el trato que sufren los ciudadanos desplazados fuera de su lugar de residencia”,
El Defensor del Paciente también ha solicitado que los puestos de médicos y personal sanitario de baja “sean cubiertos para beneficio de los pacientes2.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En este sentido, hay que recordar que la asociación ha registrado ante el Tribunal Constitucional un escrito en el que pide a este organismo que “tome medidas contra el pago de 10 euros” por la nueva tarjeta sanitaria que ha implantado el Govern balear, ya que considera que la medida es “anticonstitucional, injusta e insolidaria”, además de “vergonzosa y propia de un estado inquisitorio y dictatorial”.
Carmen Flores ha insistido en que esta medida supone “implantar el copago en la comunidad y ha criticado que se lleve a cabo con “con la patética excusa de controlar el fraude“.
“¿De quién? ¿De los que no necesitan la sanidad pública porque disponen de medios para ir a la privada? ¿De los parados? ¿De quién señora consellera? Los diez euros seguramente serán imprescindibles para comer para los que cobran 400 euros o personas sin recursos”, ha hecho señalado la presidenta de El Defensor del Paciente.