Injusticia insoportable

Todos los gobiernos de la etapa democrática postfranquista, centrales, autonómicos y municipales, han venido insistiendo en la necesidad del respeto a las leyes y de que ciudadanos, empresas e instituciones dispongamos de un marco de seguridad jurídica en el que desarrollar nuestras actividades. Sin embargo, los incumplimientos de las leyes y compromisos por parte de todos ellos han sido innumerables, ya sea por corrupción, por simple inobservancia o dejar que caigan en el olvido, o cambiando leyes ad hoc y promulgando nuevas para evitar cumplir las anteriores.

Algunas de las más flagrantes conculcaciones de la legalidad por parte de los gobiernos se han dado en la ruptura de compromisos de retribuciones a los empleados públicos surgidos de las negociaciones en las mesas pertinentes. También asistimos al incumplimiento permanente de las administraciones de la ley de pagos a proveedores, lo que ha llevado a la ruina y sigue arruinando a tantas empresas pequeñas y medianas y a tantos autónomos.

El viernes pasado la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Balear comunicó a los sindicatos de la mesa de la Funció Pública, la decisión de incumplir el acuerdo suscrito con el govern anterior hace apenas medio año, que significaba la devolución al personal sanitario y otros colectivos del recorte en la cuantía de la retribución de la carrera profesional, perpetrado por ese mismo govern anterior, a partir del pasado mes de abril, así como el cobro de la misma a partir de octubre por parte de algunos colectivos que, pese a tener derecho, no lo venían percibiendo.

Esta afrenta a los profesionales sanitarios de la comunidad autónoma es doblemente infame, puesto que llueve sobre mojado. El govern del anterior pacte de progres, siendo conseller de salut  Vicenç Thomàs, actual vicepresidente del Parlament, ya tomó la decisión de no pagar el cuarto tramo de la carrera profesional, cuyo abono se había escalonado a lo largo de cuatro ejercicios en el momento de su implantación con el govern previo del PP, siendo consellera Aina Castillo. Al recorte de este cuarto tramo, que nunca se ha pagado, le siguió, con el govern del PP de José Ramón Bauzá, el recorte de una tercera parte de lo que quedaba, siendo consellera Carmen Castro. Y ahora, cuando se había conseguido recuperar esta rebaja y un calendario para ir añadiendo todo lo que quedaba pendiente, nos llega este nuevo mazazo.

Pero no solo es el aspecto retributivo. La carrera profesional tenía, y tiene, como objetivo ofrecer a los profesionales sanitarios un camino de desarrollo personal independiente de los cargos jerárquicos que son, lógicamente, muy limitados y a los que, por tanto, muy pocos podrán acceder a lo largo de su vida laboral. La carrera se concibe como un mecanismo que estimule la superación permanente de los facultativos, enfermeras y otros colectivos sanitarios, persiguiendo la excelencia en su desempeño diario. Todo ello debe suponer, además, pero no únicamente, una mejora en las retribuciones salariales cuando se salta de un nivel al siguiente.

Pues bien, nunca se han establecido los criterios para evaluar a los profesionales, ni se han creado las comisiones que debieran encargarse de la implantación y seguimiento de la carrera. De esta manera, los profesionales sanitarios nos encontramos con una carrera profesional limitada a un pago raquítico de una parte de la misma y sin instrucciones para su desarrollo y, por tanto, sin horizonte de progreso personal, lo que lleva al desánimo, al abatimiento y a la postración.

Ante este comportamiento del govern, que implica un profundo desprecio hacia el colectivo, que demuestra un falta total de reconocimiento hacia nuestro esfuerzo y compromiso de estos últimos años para compensar las múltiples deficiencias derivadas de los recortes, de personal, de material, de recursos, a fin de que los pacientes se vieran perjudicados el mínimo posible y que, en definitiva, es una desconsideración y un atentado a nuestra dignidad y una injusticia insoportable, quizás ha llegado el momento de considerar seriamente responder, devolver golpe por golpe, oponerse al incumplimiento de los compromisos contraídos con una insurrección pacífica pero contundente.