Llueve sobre mojado

Hablar de política de recursos humanos en el servicio de salud es un eufemismo. Sería más coherente referirnos a una rancia y penosa política de personal, poco o nada incentivadora y con alta capacidad para generar descontento y desmotivación. Además, los aspectos que se ha tenido a bien regular, soliviantan la libertad individual y restringen derechos reconocidos en normas superiores. Claros ejemplos son la imposibilidad de continuar trabajando voluntariamente una vez cumplidos los 65 años, y la paralización tácita del desarrollo profesional.

En este contexto, la denuncia realizada por SATSE por incumplimiento de la legalidad en la política de contratación de Son Llatzer es preocupante. La transparencia es una exigencia básica en las políticas públicas, ejemplarizante ante la grave crisis de empleo que asola nuestra sociedad. Los principios de publicidad, mérito, capacidad e igualdad de oportunidades no permiten interpretaciones ni atajos. La falta de rigor en las contrataciones públicas es un elemento generador de indignación social. En realidad, la flexibilidad de las entidades con personalidad jurídica propia, como las fundaciones, aportan instrumentos para adecuar los perfiles profesionales a los puestos de trabajo. Introducen fórmulas que permiten mejorar la calidad del desempeño, pero siempre desde el máximo respeto a los derechos y méritos de los aspirantes.

En el caso del hospital Son Llatzer llueve sobre mojado. El proceso de selección vinculado a la oferta pública de apertura del hospital en el ya lejano 2001, se percibió como trufado. Se desarrolló bajo la apariencia de manifiestas irregularidades. Plagado de elementos que escandalizaban a los miles de aspirantes. Un proceso de selección que se interpretó por una amplia mayoría de candidatos como un ejercicio realizado con descaro y sin vergüenza. El Director Gerente, Victorián Peralta, apoyado por la larga mano de la peña, “manifiestamente apolítica”, del INSALUD pretransferencial no sobrevivió a su inauguración.

La opinión general era que no se cumplían los principios de publicidad, que no se seguía procedimiento administrativo alguno, sin baremos públicos, con tribunales que se constituían sobre la marcha y con actuaciones opacas. Se vivieron decenas de situaciones lamentables. Candidatos recién entrevistados se incorporaban al tribunal de selección para evaluar al resto de aspirantes, convocatorias telefónicas, incumplimiento de plazos, ofertas cambiantes de forma sospechosa, bolsas de trabajo que se abrían de forma dirigida durante 24 horas, entrevistas fantasmas, negadas una vez realizadas, memorias que desaparecían… mientras algunos sindicatos miraban de forma vergonzante al otro lado.

No sería de recibo tal como afirma SATSE, que se continúe seleccionando discrecionalmente a los trabajadores lesionando derechos básicos. No es suficiente un simple desmentido. La mujer del César no solo tiene que ser honrada sino también parecerlo. Los procesos de contratación públicos deben ser transparentes y justos, sin sombras. En este caso, para ser creíble, será necesario demostrarlo.