La limpieza de Marivent

Que la empresa encargada de la limpieza de Marivent tenga que retornar casi 250.000 euros al Govern, por haber facturado y cobrado un servicio no realizado, tiene su enjundia.  Por una parte, debe ser motivo de satisfacción que al menos en un asunto se imponga una cierta lógica de jurisdicciones.  Uno lleva años recordando, en cuanto tiene la oportunidad, el principio de intervención mínima del Derecho Penal y sosteniendo que muchos de los casos de corrupción investigados en las Illes Balears podrían, perfectamente, haberse ventilado en la jurisdicción contencioso-administrativa.  En el caso de la limpieza de Marivent ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo la encargada de dirimir el asunto, a instancia del propio Govern. ¿Porquè, entonces, otros casos parecidos en los que presuntamente se ha cobrado un servicio sin haberse realizado no se han tramitado en el ámbito contencioso y han sido objeto de investigación en sede penal?  La respuesta a la cuestión se antoja compleja y la prudencia aconseja dejar la pregunta en el aire. La noticia de los 250.000 euros lleva a plantearse el asunto del coste efectivo para las arcas públicas de la monarquía.  Cierto es que la web institucional de la jefatura del estado publica unos números, que han ido bajando de los 8.896.920 euros en 2010 a los 7.775.040 de 2014, pero en la explicación de la distribución presupuestaria no aparece ninguna referencia a la jardineria de Marivent.  Esto hace suponer que muchos de los cargos girados contra el erario público en concepto de "monarquía" son absolutamente incontrolables por atomizarse entre las distintas administraciones.  Uno imagina que hay tantos palos aguantando la vela, y están tan bien camuflados entre la maleza de otros gastos, que nunca podrá nadie llegar a calcular cuánto se carga realmente a los presupuestos públicos en su conjunto por el Palacio Real de Madrid, la Casita de Abajo de El Escorial, la Casita del Príncipe de El Pardo, la Casita del Infante de San Lorenzo de El Escorial, el Palacio de la Zarzuela, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el Palacio Real de Aranjuez que sus jardines deben conllevar un coste astronómico en comparación con los de Marivent, la Casa del Labrador de Aranjuez, el Palacio Real de El Pardo, el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso en Segovia, la Casa de las Flores en Segovia, el Palacio Real de Riofrío en Segovia, la Residencia Real de La Mareta en Lanzarote y el Palau de l'Almudaina en Palma.  A todo ello tendríamos que ser capaces de añadir los costes vinculados a la casa real que deben asumir ministerios como el de Interior, en materia de seguridad, el de Defensa, en cuestiones de desplazamientos y otros organismos que se hayan visto compelidos a asumir gastos derivados de "Corinas y asimilados". En definitiva, alegría por los 250.000 euros y su resolución en sede contencioso-administrativa pero inquietud por llegar a poder saber algún día cuánto nos cuesta de verdad mantener una institución de raigambre nítidamente feudal.