La defensa de Munar pide al Supremo la nulidad del juicio que la condenó

José Antonio Choclán, abogado de Maria Antònia Munar, ha pedido este miércoles ante los cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Juan Saavedra, la nulidad del juicio  celebrado en la Audiencia de Palma y por el que fue condenada a un total de seis años de cárcel por dos delitos (3 años por cada uno) el pasado mes de julio, dada la forma en que actuó el tribunal por el caso Can Domenge y el amaño del concurso público para conceder esta finca a la empresa Sacresa. Choclán ha defendido que no hay pruebas contra Munar, que no existió cohecho y que jamás recibió una dádiva.

El abogado de Munar ha considerado que en esta sentencia se aplicó "el máximo rigor punitivo" y reclama el "derecho a un juez imparcial" para la expresidenta del Consell de Mallorca. Choclán ha recordado que desde la Audiencia se afirmó que "Maria  Antònia Munar tiene un negro horizonte penal". Según Choclán, el único fundamento que tuvo la Audiencia para condenar a Munar fue "el arrepentimiento de confesos", soporte considerado como insuficiente por la propia doctrina del Tribunal Supremo para proceder a una condena.

La defensa de Choclán también se ha basado en que no ha existido ninguna motivación económica en la actitud de la expresidenta, a la cual no se le ha probado "en ningún momento" esta motivación. En alusión a los también condenados  Bartomeu Vicens y el empresario Román Sanahuja, Choclán ha insistido  en que se trata de "confesiones" provinientes del pacto con la Fiscalia Anticorrupción de Baleares a cambio de las cuales vieron rebajada considerablemente su petición de pena.

Choclán ha sido contundente en que "Munar no recibió ninguna dádiva por Can Domenge", por lo cual ha combatido con dureza la sentencia de la Audiencia de Palma. También ha señalado que no participó en el ilícito penal.  El letrado niega punto por punto el contenido de la sentencia, a la que tachó de inconsistente. Niega también la existencia de cohecho en lo referente a su defendida y basó el contenido de la decisión judicial de Palma en las afirmaciones de otros imputados que llegaron a acuerdos con los fiscales. A partir de estos razonamientos, exige la declaración de la nulidad del juicio, ya que "se trata de una sentencia nula de pleno derecho".

Por su parte, el fiscal Antonio Redondo ha rebatido las tesis de Choclán, ha defendido  la actuación de los fiscales de Baleares y la legitimidad de pactos con imputados, reconociendo a su vez que estos acuerdos pueden representar rebajas en las peticiones de condena ya que conllevan arrepentimiento de los actos cometidos, "cuestión que se ha de saber valorar". Redondo ha calificado el caso can Domenge como "ilegal e inmoral" ya que "se llegó a un acuerdo con unas empresas determinadas para que el Consell vendiera a la baja la finca".  Redondo lo considera "rebaja vil".

Can Domenge fue adjudicado por 30 millones de euros, si bien su valor actual es de 7,2 millones, precio que pagó recientemente una empresa constructora en subasta al banco BMN. La constructora Núñez y Navarro, que era la que presentó la querella al considerar que el concurso estaba amañado, ofrecía 60 millones. Esta empresa estaba indignada después de que el Consell protegiese el edificio de Gesa en la Fachada Marítima, a petición del Colegio de Arquitectos de Baleares, ya que Núñez y Navarro quería edificar allí tres bloques de pisos de lujo de hasta siete alturas.

Como se sabe, procesados que han visto rebajadas sus condenas declararon que la empresa adjudicataria, Sacresa, pagó una comisión de cuatro millones de euros.

Por su parte, los abogados defensores de  Miquel Nadal (Sánchez Jara) y Bartomeu Vicens (Sánchez Vera) han pedido una rebaja en las penas a sus patrocinados, tratando de justificar su actuación. Nadal y Vicens mantenían un gran enfrentamiento político en aquellos tiempos. Nadal era vicepresidente del Consell y Vicens era conseller del Territorio. En este contexto de enfrentamiento se produjo el caso Can Domenge. No obstante, sus dos defensas han sido eminentemente técnicas, centrándose en el desarrollo de los hechos, tratando de justificar su actuación y sin ningún tipo de ataque hacia Maria Antònia Munar, que en ningún momento se ha visto afectada durante el recurso de casación ante el Supremo por la estrategia de defensa de los que fueron sus subordinados. El abogado de Nadal ha pedido que se tenga en cuenta el atenuante de confesión.

Por su parte, la defensa de Miquel Àngel Flaquer, que era el conseller de Hacienda del Consell, ha insistido en que su patrocinado ignoraba por completo el contenido del concurso y se ha desmarcado de cualquier actuación ilegal por parte de su cliente.

El letrado defensor del abogado Santiago Fiol, que actuó de intermediario de la empresa Sacresa, considera que su actuación fue profesional y legal. Este extremo fue rebatido también por el fiscal Antonio Redondo, que fue crítico con la actuación profesional de Fiol, condenado a 18 meses de cárcel.

Por su parte, el letrado Martel, en representación del querellante Núñez y Navarro, se ha ratificado en la legalidad de la sentencia de la Audiencia de Palma y ha insistido en el amaño del concurso a favor de Sacresa. Martel cree que que fue esta voluntad de amaño por parte de la cúpula del Consell la que produjo el escándalo. Ha recordado la condición de licenciada en Derecho de Maria Antònia Munar, "perfecta conocedora de los hechos”, aunque la expresidenta del Parlament alegó no estar al corriente del concurso debido a que se encontraba de baja por una intervención quirúrgica.

El recurso de casación ha quedado visto para sentencia.