La guerra de las denuncias

La decisión de Fiscalía Anticorrupción de denunciar al Govern del Pacte por la compra de trece vagones de metro por valor de 77 millones de euros sin convocar concurso público demuestra ahora que la acusación pública actúa sin distinción de colores políticos ni de coyunturalismos.

La pasada legislatura se distinguió por un alud de denuncias de la izquierda en el poder contra el antiguo Ejecutivo de Jaume Matas que llevaron a una ristra enorme de imputaciones, detenciones, procesamientos y algunos encarcelamientos. Aquella legislatura quedó marcada a sangre y fuego por el gran número de acciones judiciales. Incluso un partido, Unió Mallorquina, desapareció del mapa.

A su vez, tras años de tensión y denuncias, el año 2011 se produjo un vuelco electoral total. El PP consiguió una mayoría absoluta de 35 diputados jamás vista. Ahora estas denuncias van hacia el otro lado. Los vagones fueron adquiridos cuando el conseller era Biel Vicens (PSM) y Antich (PSIB) era el inquilino del Consolat. Partiendo de la siempre fundamental presunción de inocencia, la Fiscalía se desenvuelve con la  misma diligencia que cuando el imputado y posterior condenado fue su hermano, el dirigente de UM Tomeu Vicens.

El asunto de fondo es preocupante. Se gastó un auténtico dineral en estos vagones. Este martes el PSIB ha salido en defensa de sus socios de Més en el anterior Govern del Pacte. La izquierda afirman que no hicieron otra cosa que ejecutar una opción de compra formalizada por la consellera de Obras Públicas de la era Matas y actual portavoz del PP, Mabel Cabrer. Desde el PP se asegura que la clave del asunto arranca de una prórroga del año 2008 cuando gobernaba el Pacte.

En todo caso, como siempre, lo más importante es la luz y taquígrafos, que se sepa toda la verdad y se depuren responsabilidades, si las hubiere. Fiscalía Anticorrupción está al margen del juego político. Sus pasos han de ser idénticos mande quien mande. Este caso de los vagones millonarios lo demuestra.  Pasará mucho tiempo antes que Balears supere esta traumática guerra de denuncias cuya génesis es política y que acaba, indefectiblemente, en una inacabable judicialización de la vida pública y social. En todo caso, son tan lamentables los hechos denunciados como su utilización política caso de que no fuesen ciertos.