Injusticia universal

En un país tan dado a la bravuconería, a la hidalguía de boquilla y a las grandes frases a coste cero como España, se ha perpetrado una de las mayores canalladas legales de las que podamos tener recuerdo.

En pocas palabras, el Congreso de los Diputados, a instancia del Grupo Popular, ha aprobado una Proposición de Ley que directamente cercena cualquier posibilidad de que en España se puedan instruir y juzgar causas penales contra crímenes de lesa humanidad cometidos en el extranjero.

El Grupo Popular presentó dicha Proposición de Ley (los Proyectos de Ley los presenta el Gobierno y las Proposiciones de Ley los Grupos Parlamentarios) con la aquiescencia, conocimiento o incluso con el mandato del único Ministro de Justicia que ha conseguido que todos los operadores jurídicos estén, simultáneamente, en su contra. Todo un logro.

Así, mientras Gallardón nos sermonea día sí día también con discursos insostenibles jurídicamente, mientras confunde escaño con púlpito en defensa del cesaropapismo y nos devuelve a la caverna casposa que cosifica a la mujer a mayor gloria del índice de natalidad, nos vemos abocados a la no intervención ante genocidios, crímenes de guerra y persecuciones políticas.

Lo de siempre: bravuconería de salón. Grandes discursos en casa y la de Cagancho en Almagro cuando se trata de enfrentarse con los fuertes. Lecciones de moral a las mujeres pobres que deberán volver al aborto clandestino y sin garantías, y el rabo entre las patas y la oreja gacha de perro apaleado cuando China “recuerda amablemente” que de la masacre en el Tíbet no hay nada que investigar, aunque uno de los muertos tenga nacionalidad española.

Tampoco se podrá decir nada, tras once años de investigación por la Audiencia Nacional, del asesinato en Iraq en 2003 del periodista español José Couso, muerto a manos de un tanquista sin mayores explicaciones. Para evitar que la tripulación del tanque explique cómo una cámara de vídeo puede traspasar el blindaje de estas modernísimas máquinas de guerra, lo mejor es no investigar nada. Así que carpetazo al tema y a la familia de Couso pues, pues…, pues eso.

Son razonables los argumentos que sostienen que la justicia universal acaba provocando que se abran procedimientos en España que, realmente, no tienen especial relación con ella. Ya se incorporó en su día el elemento de que en el delito de lesa humanidad que se investigara debía haber alguna víctima de nacionalidad española. Y que tales procedimientos vienen a colapsar, por su complejidad y volumen, el ya de por sí saturado sistema judicial español.

Estoy de acuerdo en que puede acabar resultando algo chocante que los máximos dirigentes chinos responsables de la masacre en el Tíbet, o de la represión silenciada de las revueltas de la Plaza de Tiananmén, vayan a la Audiencia Nacional a declarar. O que declare el general de la división tal o cual de los marines o del ejército de EEUU en Iraq.

Pero que les pregunten a los represaliados de la dictadura argentina, a los familiares de aquellos a los que se lanzaba drogados en mitad del Atlántico por el mero hecho de ser de izquierdas, si no les pareció de justicia que se condenara al asesino y torturador Adolfo Scilingo. O si a los represaliados y torturados por Pinochet no les pareció de justicia que el tirano pasara sus últimos años acorralado por sus crímenes y por la Justicia española.

Sin duda el mejor sistema para perseguir crímenes de lesa humanidad es la creación de una Corte Penal Internacional a la que se sometan todos los Estados. Su antecedente más directo es el Tribunal de Núremberg que juzgó y condenó los crímenes de guerra de la Alemania nazi.

Sin embargo, la utopía de la Corte Penal Internacional choca con el obstáculo de la voluntariedad del sometimiento a su jurisdicción. Hasta ahora, ni China, ni EEUU, ni Rusia, ni India, ni Cuba, por poner algunos ejemplos, han ratificado el Estatuto de dicha Corte Penal, por lo que sus nacionales que cometan crímenes de lesa humanidad ni tan siquiera serían juzgados.

¿Cuál es la alternativa?

España era de los pocos Estados que se atrevía a perseguir tales delitos por su cuenta. Uno de los pocos Estados en el mundo que enorgullecía a sus habitantes defendiendo a la Humanidad de aquellos criminales que violan y exterminan a escala industrial al amparo del poder.

Ahora, acogotada por el gigante chino que a pesar de poseer el 20% de la deuda pública española obliga a sus reos a pagar la bala con la que se les ejecuta, advertida de las desastrosas consecuencias que podría acarrear a España el tener principios y perseguir los crímenes de los jerarcas maoístas-capitalistas, España opta por ocultarse y por no perseguir a los criminales.

Decenas de causas se archivarán. Pasarán a ocupar espacio en el armario del olvido de algún sótano al que no se baja nunca.

Y mientras, EEUU mantendrá abierta Guantánamo, donde se amontonan desde hace 12 años supuestos “combatientes” sin que se les haya juzgado, sin condena, sin abogado defensor…

China seguirá reclamando el Tíbet para sí, mientras su ocupación militar asfixia cualquier anhelo de libertad.

Y aquí, por primera vez desde hace décadas, miraremos hacia otro lado. Haremos grandes discursos sobre la moral y el compromiso con los derechos humanos. Declaraciones institucionales, soflamas y palabrería, tratando de que nuestros jefes los poderosos no se enfaden con nosotros por defender de boquilla a aquellos a los que hemos traicionado con los hechos.