Los acusados del caso Dobles ventas pactan con Fiscalía para eludir la cárcel

Los acusados por ventas dobles de terrenos en Cala Llamp (Andratx) han alcanzado un pacto con la Fiscalía Anticorrupción para confesar varios delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales y ver así reducidas sus peticiones de penas y así evitar ir a la cárcel.

El escrito definitivo de acusación de la Fiscalía reduce el total de las penas de prisión solicitadas para las nueve personas finalmente acusadas a 16 años y 9 meses, mientras que en escrito anterior se reclamaba para diez acusados un total de 178 años de cárcel.

La Fiscalía sostiene que Patrick Duchemin creó un entramado societario para dar cobertura a ventas de terrenos en Cala Llamp que resultaban ficticias porque se hacían al margen de sus legítimos propietarios y para canalizar los flujos de dinero fraudulento sin el control de Hacienda.

Para ello empleó como testaferros a los belgas Yann Theau y Andre Lamquet y utilizó los servicios profesionales de los abogados de Palma José Feliu y Miquel Feliu.

Según el escrito, la trama logró estafar a una veintena de clientes unos 2,3 millones de euros y defraudó a Hacienda unos 1,9 millones.

Finalmente, la Fiscalía reclama para el presunto máximo responsable de la estafa masiva, por falsedad, fraude fiscal y blanqueo, 3 años y 1 mes de cárcel, pero si la sentencia confirma la petición Ducheim no irá a prisión porque ya pasó casi 4 años ingresado de manera preventiva.

Tanto al abogado José Feliu, acusado igualmente de falsedad y contribución a estafa, y al empleado de Ducheim Daniel Perin, con idénticos presuntos delitos, se les reclaman penas de 2 años de prisión.

Para Miguel Feliu el ministerio público solicita penas por un total de 1 año y 2 meses de cárcel por delitos contra la hacienda pública, el mismo castigo que reclama para el supuesto testaferro Lamquet por hechos similares más una presunta falsedad documental. Las condenas propuestas para el resto de acusados van de los 11 a los 16 meses de cárcel.

Además, como responsabilidad civil la Fiscalía plantea que cinco de los acusados indemnicen solidariamente a la Hacienda pública con casi 700.000 euros y que seis de ellos reparen el daño causado a varios particulares y empresas con un total de 2,8 millones de euros.

En el juicio, celebrado en una sala cedida por el Govern balear para vistas con muchos acusados o acusadores en el polígono de Son Rossinyol de Palma, el abogado de uno de los estafados ha manifestado su desacuerdo por el pacto alcanzado entre la Fiscalía y los presuntos estafadores.

El letrado ha relatado que su representado ha perdido su patrimonio, ha sufrido por ello graves problemas familiares y no se ha visto económicamente resarcido en absoluto, por lo que lamentaría que los acusados "se fuesen de rositas" mientras algunas de sus víctimas siguen pagando las consecuencias de sus actos.