Moncloa y Consolat, enfrentados por los cruceros

En pleno debate sobre la limitación de la llegada de cruceros a los puertos de Baleares, la entidad Puertos del Estado ha anunciado que invertirá 116 millones de euros en el puerto de Palma para facilitar la llegada de cruceristas a la capital balear. El anuncio se produjo un día antes de que una delegación de autoridades baleares -Govern, Ajuntament de Palma, Autoritat Portuària...- acudiesen a la feria internacional de cruceros de Hamburgo Seatrade Europe para informar a las principales compañías de cruceros de los proyectos para limitar la presencia de cruceros en los puertos de las Islas.

El panorama sitúa la entidad estatal en una posición totalmente opuesta a la representada por las instituciones baleares. Puertos del Estado ha expresado su clara apuesta por este tipo de turismo "que genera gran cantidad de puestos de trabajo indirectos, además de suponer un importante incentivo para los sectores relacionados con el turismo". Es la misma posición defendida en Baleares por comerciantes, agencias de viajes, guías turísticos, taxistas y sector transporte, restauradores... quienes han reclamado que se mantenga este tipo de llegadas que reportan notables beneficios a la economía local.

Por su parte, el Govern balear insiste en la necesidad de establecer mecanismos acordados con los operadores "que favorezcan un escalonamiento efectivo y real en las escalas de este tipo de embarcaciones y así dar cumplimiento a los acuerdos de gobernabilidad fijados en Bellver". En este caso, el Govern se alinea con la postura de ecologistas y entidades cívicas que consideran a los cruceros como responsables de aumentar la contaminación del aire y contribuir a la masificación de la capital balear.

Sorprenden las posturas enfrentadas y la toma de decisiones unilaterales, que en el caso de Puertos del Estado comprometen actuaciones en el puerto de Palma para los próximos tres años por un volumen de inversión tan elevado. Mientras la hacienda balear sufre el retraso en el pago de 177 millones del sistema de financiación de 2019 que Madrid niega hasta que no haya un gobierno estable, el Estado avanza inversiones que no encajan exactamente en los planes de las instituciones baleares. Una distorsión difícil de digerir.