El Gobierno de España cuestiona la constitucionalidad de más de una veintena de artículos de la Ley de Consultas populares y Procesos participativos de Baleares, por lo que se ha constituido una comisión bilateral de negociación junto al Govern balear para evitar la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En concreto, según la información publicada en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este martes, se acordó crear la Comisión a principios de junio. Según han informado fuentes del Ejecutivo autonómico, previsiblemente la comisión comenzará a trabajar después del verano para estudiar los argumentos del Gobierno.
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