Los clubs náuticos de Baleares ha mostrado su indignación ante la intención de Autoritat Portuària de convocar un concurso público para la gestión de las instalaciones y amarres del nuevo puerto de El Molinar, una vez concluidas las obras de remodelación. Entienden los clubs que la decisión significará el final del Club Marítimo Molinar de Levante (CMML) que, con 103 años de antigüedad ligados a la tradición, a la pesca y al recreo de varias generaciones de palmesanos, ha venido gestionando el puerto.
Autoritat Portuària de Balears (APB) rechazó el pasado jueves el plan del club en un proceso que el conjunto de entidades náuticas de las Islas consideran que hace inviable la supervivencia del CMML. Por ello reclaman a la institución que preside Joan Gual de Torrella que muestre una mayor sensibilidad y que haga posible tener en consideración el valor histórico de la entidad fundada en 1917 y considerada como la más antigua de Mallorca en el sector.
La polémica se produce en un contexto de enfrentamiento entre los clubs náuticos y la APB a cuenta de la concesión del varadero en el puerto de Palma y, muy especialmente, tras los múltiples pulsos entre la entidad pública y el Náutico de El Molinar a raíz de la remodelación -con cierres, multas y procesos judiciales de por medio-.
Cabe pensar que Autoritat Portuària actúa con el objetivo de desarrollar el proyecto de mayor solvencia para el futuro puerto de El Molinar. Y es difícil calibrar si el valor histórico de la entidad centenaria ha de ser un elemento capital a tener en cuenta en la futura adjudicación. Un concepto similar se utilizó en 2017 durante el proceso para la concesión administrativa del Náutico de Ibiza, cuando la propia Autoritat Portuària quiso que, en las bases para la adjudicación, tuviera un especial peso el concepto de "arraigo", una condición que, en ese caso, sólo podía acreditar otra entidad centenaria como es el Club Náutico de Ibiza.
Se entendió entonces que la ATB ponía condiciones que impedían la libre concurrencia, señalando directamente como ganador de la nueva adjudicación a quien ya llevaba décadas gestionando los amarres y las instalaciones. El caso sigue en los tribunales, con varias sentencias de TSJIB que han desmontado el concepto de "arraigo" como ventaja para ser merecedor de la concesión.
Este martes, el Consejo de Administración de la APB ha de aprobar las bases del futuro concurso para la explotación del puerto de El Molinar. La entidad pública debe anteponer el interés común y la solvencia de los adjudicatarios, aunque no debería mostrarse insensible ante una petición unánime de todos los clubs náuticos de la comunidad y hallar alguna fórmula para mantener vinculado al nuevo proyecto a una entidad muy pequeña y muy modesta, pero que es patrimonio de la ciudad. La alternativa es su desaparición y, con ella, la de una parte de la historia de la capital.