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Miniserie ilegal en IB3

Por José A. García Bustos
sábado 21 de enero de 2017, 04:00h

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IB3 ha encargado a Nova Televisió una miniserie sobre la relación del Obispo con su secretaria que desembocó en la ruptura matrimonial de ésta y en un gran escándalo en el seno de la Iglesia y en la sociedad balear.

Reconozco el interés que pueda suscitar el tema pero, al ser una televisión pública, sometida al interés general, probablemente nos encontremos ante un programa contrario a la ley de creación del Ente. Son varios los preceptos de esa ley que, probablemente, se vulneran con la producción y emisión de esta miniserie. Por ejemplo, el que recoge el derecho de los ciudadanos a recibir una información independiente, objetiva, imparcial, veraz y plural. Sé que es una obra de ficción pero está basada en hechos reales y, como tal, aportan una información sobre algo que ha ocurrido que no será ni objetiva, ni imparcial ni plural. Pero, sobre todo, infringe el precepto que señala que se debe respetar el derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen. Que le pregunten al honor y la vida privada de la secretaria que no ha querido salir a la luz para preservar su intimidad, incluso en momentos difíciles como los que ha vivido. O como el precepto de preservar los derechos de los menores y de los jóvenes, es decir, de los tres hijos del matrimonio.

IB3, a diferencia de una cadena privada, se debe a una ley, aprobada por un parlamento y más del 95% de su financiación proviene de fondos públicos. Esta miniserie no es servicio público.

Las audiencias de IB3 están en mínimos y hay que recuperarlas pero no a cualquier precio. Este no es el camino. No por encima de la ley. La ley que dio paso a su creación.

Para hurgar en la vida de personas anónimas ya están las televisiones privadas y el tipo de programas que se dedican a ello tienen un nombre muy feo para una televisión pública. Y ¡ojo!, una televisión estatal, cuyo talk show de gran audiencia en la franja matinal, se recreaba hace pocos meses por enésima vez con la vida de la secretaria y el obispo y difuminaba la cara del marido despechado pero no la de ella, ni la del prelado, ni tampoco la del conocido periodista mallorquín que entraba en directo, ya ha sido denunciado por parte de la secretaria y está pendiente de juicio.

El proyecto ilegal de IB3, a pesar de ser una miniserie de ficción, está basado en situaciones reales y en solo una parte de los hechos: los que cuenta el marido, poco objetivos, al estar presuntamente cegado por los celos. El daño moral es doble puesto que, además de no partir de la verdad objetiva, se construye sobre ella una historia de ficción con nombres y apellidos, con los matices que quiera introducir el guionista, con lo que, las conclusiones que muestre la miniserie pueden estar muy alejadas de la realidad.

Y esa perversión puede ser mayor aun cuando, como es el caso, existe una denuncia de malos tratos que está en los tribunales, interpuesta por parte de la secretaria sobre su exmarido. ¿Va a faltar la televisión pública de las Illes Balears al derecho preservado por la Constitución al honor, a la intimidad y familiar de la secretaria, un personaje que ni siquiera es público? ¿Y lo va a hacer cuando puede que un tribunal decida que ha sido víctima de malos tratos? Y lo que es peor, ¿lo va a hacer con una acción contraria a la ley de creación de IB3? Muy seguro debe estar el máximo responsable del Ente.

No basta con que se justifique esta contratación diciendo que nos encontramos ante una ficción que está inspirada en hechos reales (los que aporta una parte, con el sesgo inherente a alguien que se ha sentido vilipendiado), porque los personajes son claramente identificables. Las obras de ficción también pueden ser constitutivas de delito si, pese al ejercicio de abstracción de la realidad, se dirigen a alguien real, que pueda ser identificado en el contexto de la obra. Si no, que se lo digan a los titiriteros que en una obra de teatro presuntamente enaltecieron el terrorismo de ETA y acabaron detenidos y encarcelados.

La secretaria del obispo ha pasado su travesía en el desierto y ha guardado silencio desde el inicio, lo cual la hace socialmente culpable. Su exmarido, que en público la acusa y en privado reconoce que ella no le ha sido infiel, ha proporcionado continuamente material de este serial a un medio de comunicación local. Ella no tiene la culpa de nada; cuidadla, Iba a por él, dijo recientemente. Por eso, fue a enfrentarse al Obispo el día siguiente de empezar ella a trabajar para él en el Obispado. Tuvo que dejarlo todo y volver al desempleo por la actitud del marido. Se repetía así el comportamiento celoso que hace 10 años obligó a la secretaria a abandonar todo en otro centro religioso.

Señor Manresa, usted que se refirió a mí como “un experto de la cadena” (IB3), según consta en diario de sesiones del Parlament de fecha 8 de noviembre del año pasado, cosa que le agradezco, quiero aconsejarle que valore los costes y beneficios que puede acarrerarle seguir adelante con la emisión de esta miniserie, no ya a usted, sino a IB3, Ente al que me siento muy ligado emocionalmente. Los beneficios son, con toda probabilidad, una serie que, movida por el morbo, consiga una buena aunque efímera audiencia. Esa audiencia mejorará de manera puntual pero insuficiente las medias de share de la cadena. Para una mejora de audiencias generalizada se necesitan otro tipo de actuaciones.

Sin embargo, los riesgos son muy elevados porque, hágame caso, tras su emisión tendrá que dar cuentas ante una denuncia por vulneración de los derechos anteriormente comentados. Y serán los tribunales, y no yo, quienes dirimirán si la miniserie es ilegal. Mi consejo es que rectifique. No todo vale por la audiencia. Al menos en una televisión pública, financiada por todos, incluso por la secretaria del Obispo.

Una denuncia, sería un golpe al que le sería imposible sobreponerse si se demostrase que IB3 vulnera, no solo su propia ley sino también derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y la vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen es un ilícito penal que, como tal, en la denuncia va dirigido a una persona física, en este caso, su Director General, que es quien ha dado el consentimiento a la producción y emisión de esa miniserie.

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