Mil demandas diarias colapsan los juzgados de Palma ante la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia

La reforma aún no ha llegado, pero sus efectos ya se sienten como un terremoto en los pasillos de los juzgados civiles de Palma. En los últimos días, Baleares está viviendo una avalancha de demandas sin precedentes, impulsada por el temor que genera la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Eficiencia Procesal. Según datos del registro de asuntos civiles del juzgado decano de Palma y recopilados por mallorcadiario.com, los días 24 y 25 de marzo se presentaron 1.110 y 1.043 demandas, respectivamente. El 26, antes del mediodía, ya se habían registrado 780.

"En apenas tres meses se han acumulado 17.729 asuntos, lo que supone casi la mitad de todos los presentados durante todo 2024"

El dato habla por sí solo. En apenas tres meses se han acumulado 17.729 asuntos, lo que supone casi la mitad de todos los presentados durante todo 2024, cuando se registraron 43.201. Cada juzgado ha pasado a asumir entre 30 y 50 asuntos civiles diarios, una carga insostenible que ha llevado a muchos funcionarios al límite.

"Prefiero trabajar con los mecanismos que ya conozco, que con las nuevas normas que implicará la ley"

“MÁS VALE MALO CONOCIDO…”

La abogada Bruna Negre, especialista en derecho civil del despacho de abogados Auren, lo explica sin rodeos asegurando que en los últimos 15 días “he presentado unas 10 demandas. Prefiero trabajar con los mecanismos que ya conozco, que con las nuevas normas que implicará la ley. Más vale malo conocido que bueno por conocer”.

El temor generalizado entre los abogados se centra en los nuevos requisitos de procedibilidad. Y es que con la nueva ley, para poder acudir a los tribunales será obligatorio acudir previamente a un proceso de mediación o conciliación, lo que añade tiempo, costes y complejidad. “Si no hay acuerdo, la mediación puede prolongarse hasta tres meses. Es una demora que perjudica al cliente y dilata la solución de su problema”, apunta Negre. “Y si vas como demandado, te favorece: todo se retrasa”.

UN SISTEMA AL BORDE DEL COLAPSO

Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), la preocupación es palpable. Su vicedecana, Carmen López González, asegura que el aluvión de demandas es la consecuencia directa de una ley mal explicada, mal ejecutada y mal comunicada. “La norma no es clara y genera mucha indefensión. La situación que vivimos es una reacción lógica, los abogados no tenemos nada claro cómo aplicar esta ley”.

"El sistema ya estaba colapsado y esta reforma, en lugar de aliviar la carga, la ha complicado"

López denuncia que el efecto ha sido justo el contrario al deseado. “El sistema ya estaba colapsado y esta reforma, en lugar de aliviar la carga, la ha complicado. Estamos en el peor momento de los juzgados en Baleares. Las personas no pueden esperar dos años para solucionar un problema judicial. Eso ya no es justicia”.

Desde el ICAIB se están organizando sesiones formativas, pero la rapidez en la redacción de la ley y la falta de consenso han derivado en una interpretación diferente según cada profesional. “No han escuchado a ninguna asociación ni colegio. Ahora vemos las consecuencias”, lamenta la vicedecana.

Pese a las críticas, desde el colegio se reconoce que Baleares tiene un reto importante por delante y es el de incorporar la mediación y los métodos alternativos de resolución de conflictos como herramientas habituales en la cultura jurídica. “La ciudadanía tiene que entender que en muchas ocasiones no es necesario ir a juicio para resolver un conflicto”, señala López.

"Una ley que nace sin el apoyo de quienes deben aplicarla está condenada a empezar con el pie torcido"

No obstante, el malestar entre la abogacía es evidente. Muchos profesionales temen que la reforma suponga un aumento de costes para el cliente, mayores retrasos y más incertidumbre procesal. “Una ley que nace sin el apoyo de quienes deben aplicarla está condenada a empezar con el pie torcido”, advierte Bruna Negre.

En el juzgado decano de Palma, los expedientes se acumulan en pilas que crecen cada hora. Funcionarios desbordados, abogados exhaustos y ciudadanos frustrados forman el escenario de una justicia en estado de saturación. Lo paradójico es que esta situación ha sido provocada, precisamente, por una reforma que pretendía desatascar el sistema. Con casi 1.000 demandas al día, Baleares vive un momento clave. Y lo peor —coinciden muchos profesionales— aún no ha llegado.