El portavoz adjunto de Més per Mallorca, Josep Ferrà, ha apoyado este lunes la propuesta prohibir la compra de vivienda a no residentes recogida en la Proposición No de Ley sobre vivienda que defenderá Unidas Podemos en el pleno del Parlament de este martes, al indicar que están "absolutamente de acuerdo" en limitar, "o incluso prohibir" la compra de vivienda a no residentes en Baleares.
Ferrà ha subrayado que desde su formación "deberán forzar un poco" al Govern para aplicar políticas activas de vivienda "valientes", ya que cuando éstas pasan por el mercado, "el PSIB no acaba de estar cómodo con estas políticas".
Así, ha señalado que todavía no saben si apoyarán todos los puntos, pero que lo que sí tienen claro es que la ley de vivienda es un tema "que se tiene que afrontar ya", con una reforma basada en modificaciones ágiles y rápidas y con ayudas institucionales, porque "dejarlo todo al libre mercado no es lo suyo".
En cuanto al punto de la citada PNL sobre modificar la ley de grandes tenedores, Ferrà también ha mostrado su apoyo, y ha añadido que desde su formación consideran que quienes tengan más de cinco inmuebles deben ser considerados grandes tenedores, para así evitar "hacer un abuso en algo que es un derecho fundamental".
Por otra parte, en cuanto a la Proposición No de Ley de su partido para establecer un nuevo marco de relaciones entre Baleares y el Estado, modificando tanto la Constitución, como el Estatut d'Autonomia, ha señalado que su objetivo es "profundizar en la democracia y el autogobierno".
"La Constitución está obsoleta, por lo que necesita una reforma con urgencia. Hay cuestiones de actualidad del siglo XXI que aún no recoge la Constitución y que debería reconocer, como por ejemplo que la vivienda es un derecho fundamental", ha manifestado Ferrà en rueda de prensa.
Por ello, proponen revisarla "a fondo" y "hacerla del siglo XXI". Tras esto, según ha añadido, debería producirse una nueva reforma del Estatut d'Autonomia, que reconozca derechos fundamentales como la vivienda, la financiación o los derechos colectivos, de personas y del territorio, que en la última reforma de 2007 no están recogidos.
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