El sector de la restauración sigue a la espera de que las administraciones cumplan las ayudas prometidas desde el inicio de la actual crisis. Bares y restaurantes se hallan ante una situación de emergencia máxima debido a la caída del turismo y las restricciones para luchar contra la pandemia, que han ido reduciendo paulatinamente los horarios de apertura y los aforos de los locales, o directamente cerrando los negocios como ocurre con el ocio nocturno. El sector calcula que hace falta una ayuda directa de 8.500 millones para salvar la actividad de bares y restaurantes, y garantizar el mantenimiento de un millón de puestos de trabajo, con la salvación de los 100.000 locales que se enfrentan a un cierre inminente.
Hasta la fecha ya han cerrado más de 65.000 negocios hosteleros, han desaparecido más de 350.000 empleos y la facturación del sector -que genera el 6,2 por ciento del PIB nacional y aporta 17.500 millones a las arcas del estado- se ha reducido en más del 50 por ciento respecto al año anterior.
En Baleares, la asociación que agrupa al sector afirma que ha llegado al límite y denuncia la falta de recursos y “la incapacidad de las administraciones de cumplir con su palabra”. En este sentido, recuerdan que aún no han recibido ninguna de las ayudas que se les prometieron desde las administraciones, especialmente en materia de tributos locales.
Ahora, el Ministerio de Industria, encabezado por Reyes Maroto, quiere poner en marcha un Plan de Apoyo a la Hostelería para el que las asociaciones afectadas -inspiradas en las políticas desarrolladas en varios países europeos- ya están presentando una batería de propuestas que incluyen ayudas directas junto a medidas fiscales, económicas y laborales.
El sector se mueve con la desconfianza lógica que conllevan las múltiples promesas realizadas y las considerables dificultades sufridas hasta que lo prometido se hace realidad o cuando -en muchos de los casos- queda directamente en el limbo. Esta desazón se ha evidenciado tras muchos de los anuncios del Gobierno -desde las dificultades con las tramitaciones de los ERTEs, el ingreso mínimo vital, las ayudas a las empleadas del hogar, la prometida vacuna para diciembre que ahora llegará en mayo...- muy fáciles a la hora de proyectarlos a la opinión pública, pero muy difíciles, al parecer, a la hora de hacerlos realidad.
Es necesario que las administraciones actúen con más diligencia y efectividad sin jugar con la esperanza de administrados, que, como en el caso de la hostelería, se hallan al límite.