Mejorar la lucha contra el turismo de excesos desde el consenso

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern de les Illes Balears, Jaume Bauzà, asegura que su departamento ya trabaja en la modificación del decreto ley 1/2020, de 17 de enero, contra el turismo de excesos para la mejora de la calidad en zonas turísticas. Se trata de una normativa que únicamente es de aplicación, hasta el momento, en determinados núcleos turísticos de los municipios de Calvià, Palma, Llucmajor y Sant Antoni de Portmany (Eivissa), donde en el momento de su promulgación se concentraban las conductas incívicas más graves; y lo es por cinco años, hasta enero de 2025.

La existencia de esta norma, que fue apoyada por el Parlament de forma casi unánime, ya que únicamente Vox votó en contra, ha permitido reducir determinados comportamientos peligrosos, como el “balconing” o pasar de un balcón a otro. Sin embargo, persisten otras prácticas, la mayoría de ellas relacionadas con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, que son el origen de otros muchos problemas que afectan tanto a turistas como a residentes, además de la imagen que se proyecta como destino turístico.

Es por ello por lo que, transcurridos tres años desde que el decreto ley fue aprobado, el Govern hace bien en abrir un proceso de reflexión y debate con las instituciones insulares, ayuntamientos, agentes sociales, sector turístico y el conjunto de fuerzas políticas, para tratar de mejorarlo en todo lo posible. Es preciso que cualquier actuación en este campo se haga desde el consenso y el diálogo, pues se trata de una problemática compleja, que afecta a muchos ciudadanos y empresas, y es siempre de difícil solución.

Lamentablemente, el Govern Armengol sucumbió a la tentación de utilizar las actuaciones llevadas a cabo contra el turismo de borrachera para atacar a instituciones gobernadas por el PP, como sucedió en Ibiza o Llucmajor; algo ridículo porque allí no sucede nada que no se vea en Playa de Palma o Calvià. El enfrentamiento y la división no llevan a ningún lado, son contraproducentes y no sirven al objetivo común que es erradicar comportamientos y prácticas indeseadas.

El decreto ley de 2020 puede y debe mejorarse, sobre todo en aquello que corresponde a las distintas Administraciones, siempre tan dispuestas a imponer obligaciones a la iniciativa privada, sin asumir las suyas propias. El papel todo lo soporta, pero es necesario dotar de medios adecuados a las instituciones concernidas, a fin de que hagan eficazmente su trabajo. De lo contrario, no habrá forma de mejorar.