La flexibilización en los criterios para acogerse al pago del desempleo, también en el caso de los profesionales autónomos; las partidas destinadas a la protección de los colectivos más vulnerables, y el estímulo a las empresas para que no opten por despedir a sus trabajores a cambio de la exoneración del abono de cotizaciones, son algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Todas y cada una de las actuciones buscan la misma finalidad: paliar los efectos de la alarma sanitaria del coronavirus en la estabilidad económica y productiva de España, y promover la protección de los sectores de población que en mayor medida notaran las consecuencias de esta crisis sin precedentes.
El Consejo de Ministros extraordinadio y llevado a cabo por vía telemática este martes ha aprobado un potente conjunto de medidas económicas, sociales y laborales para afrontar los efectos del coronavirus, condensados en un Real Decreto histórico que contiene importantes actuaciones destinadas a frenar la caída de la producción, defender el empleo y proteger a los colectivos más vulnerables de la población.
Sin duda alguna, de todas las intervenciones anunciadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la que concita todos los titulares periodísticos es la que hace referencia a los 200.000 millones de euros destinados a la recuperación de la economía. Sin embargo, dentro de este contenido genérico, coexisten muchas otras actuaciones que repasamos a continuación.
EXONERACIÓN DEL PAGO DE COTIZACIONES A LAS EMPRESAS QUE NO DESPIDAN A SUS TRABAJADORES
Todas las empresas que, en vez de despedir a sus trabajadores, opten por acogerse a la tramitación de expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) podrán optar a la exoneración del pago de cotizaciones. Esta es una de las iniciativas estelares del plan de choque por la recuperación económica de todas cuantas se ocupó de detallar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para quien esta medida “aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo cuanto antes".
LOS PROFESIONALES AFECTADOS POR UN ERTE PODRÁN COBRAR EL PARO
Todos los trabajadores afectados por un ERTE tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para percibir la prestación. Además, el tiempo durante el cual se prolongue el abono de la cantidad asignada no computará a efectos de contabilización del plazo de tiempo con derecho a cobro que la administración haya reconocido al trabajador.
De esta manera, según Sánchez, mediante los ERTE "se prioriza la suspensión de contratos y la reducción de la jornada frente a los despidos". El presidente ha realizado un llamamiento a los empresarios para que se acojan a estas medidas en lugar de recortar plantillas.
TELETRABAJO Y REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
Al mismo tiempo, el Real Decreto pretende potenciar el sistema del teletrabajo a través de una dotación económica destinada a las empresas para la compra de ordenadores, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible incluso una disminución del cien por cien del horario asignado.
MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS
El presidente del Gobierno avanzó durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos y se eximirá del pago de cotizaciones a estos empresarios y emprendores en los casos en que deban inscribirse en las oficinas de empleo.
En concreto, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad sujeta a una regulación distinta a la ordinaria, según la cual el autónomo podrá pedir un ERTE para sus trabajadores y solicitar al mismo tiempo el cobro de una prestación extraordinaria por cese de actividad, sin obligación de cotizar mientras dure esta situación excepcional.
FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGLA DE GASTO DE LOS AYUNTAMIENTOS
La flexibilización de la regla de gasto establecida por el Gobierno permitirá que los ayuntamientos puedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, tal como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Este plan contará con una inversión de 600 millones de euros, de los que la mitad procederán del superávit que inviertan los gobiernos municipales, gracias a la flexibilización de la regla de gasto. Los recursos irán destinados a actuaciones en materia de atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.
Según los datos facilitados por la FEMP el pasado febrero, se calcula que los ayuntamientos cerrarán 2019 con un superávit de entre 4.000 y 5.000 millones de euros, que se sumarán a los remanentes de años anteriores hasta rondar los 26.000 millones.
FONDO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES, SIN TECHO Y DEPENDIENTES
Dentro de las medidas de carácter social del Real Decreto, figura la creación de un fondo específico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, dotado con 300 millones de euros.
MORATORIA DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y DEL PAGO DE AGUA Y ELECTRICIDAD
En el ámbito de apoyo a las familias, el Real Decreto incluye la moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan visto reducidos sus ingresos o estén en situación de desempleo a causa de los efectos del COVID-19. Esta actuación se extiende también al abono de los suministros básicos (agua, luz y gas) en el caso de colectivos vulnerables. Al mismo tiempo, se ha establecido la prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios.
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