Matar saldrá gratis
domingo 13 de diciembre de 2020, 02:00h
La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia abrirá la puerta a que la «prestación del derecho a morir» pueda realizarse también en las residencias de ancianos o en centros sociosanitarios, después de que los partidos de la coalición del Gobierno presentaran este jueves una enmienda transaccional con ERC, Bildu, Más País, BNG y Junts per Cat.
Hasta ahora el articulado de la ley establecía que esta «nueva prestación» del Sistema Nacional de Salud se podría realizar en «centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el domicilio particular». Pero con la aprobación de esta nueva enmienda —por 22 votos a favor y 14 en contra—, el derecho a morir podrá prestarse en el «domicilio» a secas, dejando abierta la interpretación sobre si ese término incluye también las residencias de ancianos u otro tipo de centros donde los enfermos suelen residir durante largos periodos de tiempo.
La aprobación de la ley de eutanasia nos aleja de lo más importante, que es dar respuesta real a muchas personas que sufren por qué no hay cuidados paliativos suficientes.
Habría que manifestar el total rechazo a la opción de hablar si quiera sobre una ley que regule esta materia, ya que esta práctica atenta directamente contra la vida de cualquier persona, la cual tiene derecho a recibir los cuidados paliativos necesarios para el alivio de su sufrimiento, pero, en ningún caso, a que se elimine su vida
La única respuesta ética aceptable ante el final de la vida son los cuidados paliativos, que ni precipitan deliberadamente la muerte ni prolongan innecesariamente la agonía, si no que cuidan al enfermo, aliviando su dolor mientras llega la muerte.
La experiencia nos demuestra que la introducción de una ley para la eutanasia es siempre la mejor manera de destruir personas que sufren discapacidad, alterando sustancialmente la supuesta razón humanitaria de la ley.
Legislar sobre la eutanasia antes de haber legislado sobre una atención adecuada al final de la vida con cuidados paliativos para eliminar el sufrimiento del enfermo, creo que puede llegar a ser una gran irresponsabilidad política.
La línea de trabajo a seguir por nuestros gobernantes debería ser la del completo desarrollo de los cuidados paliativos y de los programas para el paciente crónico que garantizan una vida digna a la persona.
Por supuesto que ese debate está centrado en sentimentalismos y en casos aislados a los que se les dará toda la publicidad posible -que será mucha, no lo duden-, para convertir la eliminación de ancianos -por ahora- en un acto de piedad. Siempre lo han hecho así y ya tenemos experiencia en el proceso de ingeniería social que siguen.
Pero la realidad, el trasfondo del asunto, es otro. La realidad es que detrás de cada caso mostrado no solo hay un ser que sufre, hay unos familiares que no quieren estar cuidando a ese ser antes querido; hay unos grupos de presión cuya meta es destruir las relaciones afectivas y familiares, hay una sociedad indiferente ante el sufrimiento ajeno, bien porque le causa rechazo, bien porque no sabe cómo actuar y hay, en último término – ¿o el primero?-, una cuestión económica.
Y la cuestión económica no es otra que el gasto social que supone un enfermo terminal. Resulta que el 80% de lo aportado a la Seguridad Social durante nuestra vida laboral se consume, en caso de una enfermedad larga, en los tres últimos años de nuestra vida. Si esa vida se acorta ese gasto se ahorra: así de claro y así de terrible.
En una situación de envejecimiento de la población como la que estamos sufriendo, no dudemos ni por un instante que una de las soluciones al pago de las futuras pensiones será por medio de la eliminación de pensionistas.
Si la esperanza de vida es de 85 años y la jubilación a los 65, quedan 20 años de pago de pensión, que suponen aproximadamente 400.000€ por pensionista. ¿A qué es tentador reducir ese importe?
Efectivamente, es aterradoramente tentador. Y en eso están. Por lo menos, impidamos que nos vendan el sufrimiento del enfermo como motivación de esta ley porque no es su finalidad.