Más problemas en la Justicia

Los 45.000 funcionarios de los juzgados españoles están llamados este lunes a iniciar una huelga para revindicar una subida salarial en línea con la pactada con los letrados, que mantuvieron su protesta durante meses hasta que el Ministerio de Justicia acordó un aumento de sus retribuciones del orden de 450 euros mensuales. Esta nueva protesta alcanza al 93 por ciento del personal de la administración de Justicia, en su mayoría integrado por los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también por médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La reciente huelga de los 4.400 letrados de justicia -antiguos secretarios judiciales- provocó la suspensión de más de 200.000 juicios y un atasco de 300.000 demandas en los juzgados del país. La protesta de los funcionarios que arranca hoy -y que multiplica por diez el número de funcionarios afectados- puede tener graves consecuencias en la administrración de justicia del país.

Por si fuera poco, a los conflictos que afronta el departamento que dirige Pilar Llop se suma el de los abogados del turno de oficio. Estos profesionales llevarán a cabo el próximo 27 de abril, una concentración frente a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid para protestar por la situación límite que sufre este servicio. Los abogados de oficio reclaman baremos justos y seguridad jurídica, ya que, a menudo, deben desarrollar su trabajo sin ni siquiera saber si llegarán a cobrar todas las gestiones realizadas. También reclaman una equiparación de las indemnizaciones que se abonan en los distintos puntos de España, ya que la situación actual muestra graves discriminaciones para los peor pagados, entre ellos, los de Baleares.

Las nuevas protestas ponen de manifiesto el precario funcionamiento de la maquinaria judicial en España. Es imprescindible que la Justicia cuente con los recursos necesarios para garantizar su correcto desempeño, por lo que las negociaciones con los colectivos afectados no deben demorarse. El Ministerio tiene ante sí un nuevo pulso que deberá resolver con celeridad si se pretende atender a una de las condiciones básicas de la administración de justicia, como es que ésta se aplique de forma rápida.

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