Más incertidumbre ante el alquiler vacacional

La decisión del Tribunal Supremo de suspender la norma canaria por la que se prohibía el alquiler vacacional en zonas turísticas arroja incertidumbre sobre la regulación definitiva de esta práctica. El alto tribunal entiende que la prohibición que establecía el gobierno canario iba en contra de la libertad de empresa y sólo buscaba favorecer la oferta de los alojamientos tradicionales. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ya se habían manifestado en este mismo sentido anteriormente.

En Baleares, la Associació de Lloguer Turístic (Habtur) tiene interpuesto desde el pasado mes noviembre un recurso contencioso administrativo por considerar que la zonificación realizada para autorizar los alquileres turísticos no está justificada; y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha promovido una querella por prevaricación administrativa y urbanística contra el alcalde de Palma, Antoni Noguera, tras prohibir en Palma el alquiler de viviendas turísticas en pisos. Afirman que la prohibición se realizó "de forma preconcebida" y que el propio Noguera ya había anunciado la medida "incluso antes de ser nombrado alcalde".

El fallo del Supremo sobre la legislación canaria alimenta esta batalla legal y anuncia un camino que puede tener efectos en otras normativas, como es el caso de Baleares. De momento, la resolución del alto tribunal obligará a recomponer la normativa que ha regulado esta actividad hasta ahora en Canarias, pero sobre todo, pone de manifiesto la escasa fiabilidad que tienen algunas decisiones políticas cuando son convertidas en leyes. En Baleares hay ejemplos recientes como la ley de los toros; y en Palma, el fracasado derribo de Sa Feixina.

El alquiler vacacional debe estar regulado, de la misma manera que están reguladas el resto de actividades económicas y empresariales; porque el alquiler vacacional seguirá existiendo, como ha existido desde hace años. De lo que se trata es que su actividad sea realmente beneficiosa para el conjunto de la sociedad y se eliminen elementos especulativos que no contribuyen al desarrollo económico ni a la generación de empleo. Para ello, las administraciones deben esforzarse en desarrollar reglamentos que puedan aplicarse con plena seguridad jurídica para todas las partes y con la solidez legal suficiente para que no sean tumbados como ha ocurrido en Canarias.