Adiós a Rafael Perera, un abogado irrepetible. La parroquia de la Santísima Trinidad de Palma ha acogido este lunes por la tarde el funeral al que han asistido multitud de rostros reconocidos de la profesión y otras instancias públicas.
Todos han querido despedirse de este referente del mundo del Derecho en Baleares, que falleció hace una semana a los 93 años. Entre los asistentes a la ceremonia, cabe destacar la presencia de los exalcaldes de Palma Joan Fageda y Catalina Cirer, esta última actual consellera insular; el exjuez José Castro; Alfonso Robledo, presidente de la Asociación Restauración Mallorca; el médico forense Javier Alarcón; el exsecretario general del PP balear y exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez; el notario Álvaro Delgado, y la editora y presidenta del Grupo Serra, Carmen Serra.
Las personas que tuvieron el privilegio de conocer a Rafael Perera coinciden en describirlo como un letrado excepcional, honrado, con una educación exquisita y una capacidad de trabajo inagotable. No en vano, intervino como abogado, entre otros, en destacados procesos penales en las Islas, y fue letrado de los expresidentes del Govern Jaume Matas y Gabriel Cañellas.
COLEGIADO DESDE 1961
Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, con el número 362, desde 1961, Rafael Perera, abogado, académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de las Islas, fue magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, entre 1997 y 2000; y conseller y presidente del Consell Consultiu.
Además, fue miembro de la Comisión de Juristas Internacionales que redactó, por encargo de Naciones Unidas, las 'Reglas Mínimas del Proceso Penal' (1990- 1992); miembro de la 'Comisión de Expertos para la reforma de la Compilación del Derecho Civil de Baleares' (1998-1999); y coordinador del Área Jurídica de la 'Universidad Internacional del Mediterráneo' (1994-1996).
PREMIO 'DEGÀ MIQUEL FRONTERA' A LA ÉTICA JURÍDICA
En noviembre del año 2017, recibió también el premio Degà Miquel Frontera a la Ética Jurídica, un reconocimiento que le fue concedido por acuerdo de la Junta de Gobierno por "las virtudes que reúne como profesional del Derecho en todas sus facetas, puestas de manifiesto a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, destacando por su exquisito trato y lealtad con todos los operadores de la Justicia, así como por la defensa de la independencia del abogado y la observancia de los principios deontológicos que presiden el ejercicio de la profesión".
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