Los 'whatsapps' de Penalva y Subirán sonrojan a la Justicia

Los mensajes de 'whatsapp' entre el juez Penalva, el fiscal Subirán y los agentes de la Policía Nacional que investigaban el Caso Cursach han empezado a salir a la luz. Los mensajes, publicados en primicia por el diario Última Hora, son un capítulo más de una causa que ya ha supuesto la detención de cuatro policías del Grupo de Blanqueo y la petición de información por parte del TSJIB para proceder a la investigación de los supuestos delitos cometidos por el juez y el fiscal.

Tanto Penalva como Subirán, ambos aforados por su condición judicial, se enfrentarían a un rosario de delitos entre los que figuran los de pertenencia a organización criminal, detención ilegal, amenazas, coacciones y denuncia falsa. El TSJIB espera ahora que el juez Florit argumente de forma razonada sus indicios antes de proseguir las diligencias. En todo caso, siendo graves los presuntos delitos cometidos, lo que eleva el caso a un nivel de escándalo público es el contenido de los mensajes que intercambiaban el grupo. Ultima Hora habla de "cientos" de 'whatsapps' cuyo contenido, a tenor de lo publicado, no deja lugar a dudas sobre las formas que tenía el grupo para tramar, presionar y filtrar informaciones, con la complacencia y complicidad de determinados periodistas a los que se les indicaba cuándo y cómo publicar ciertas noticias.

El tono de los mensajes sonroja. Desde el "hay que detenerlo con esposas" al "que se ponga nervioso y cague caldo", hay todo un muestrario de comunicaciones que evidencian la persecución emprendida contra determinados políticos o empresarios sin que, al parecer, se siguiera una estricta observancia de las normas.

La persecución de delitos con total imparcialidad es la principal tarea exigible a jueces, fiscales y policías. Ellos son los garantes del cumplimiento de la legalidad, por lo que es doblemente grave que estos funcionarios públicos recurran a prácticas delictivas para apuntalar sus investigaciones o reforzar sus pruebas.

El peso de la ley debe ser implacable en estos casos. El mal producido no afecta solamente a la imagen de la Justicia, sino que, con estas prácticas, se corre el riesgo de anular una serie de causas en las que se han empleado muchos años y recursos.