Los sueldos de la política

La publicación de los sueldos de los alcaldes por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha vuelto a provocar polémica acerca de las cantidades que ingresan los primeros ediles de cada localidad. Hay quienes consideran que son salarios exorbitados por la escasa trayectoria profesional en muchos de los casos, mientras otros defienden que son remuneraciones más que justificadas dada la responsabilidad que conllevan. Esta segunda opción parece la más lógica, si bien, a menudo es difícil abstraerse de las circunstancias personales y del grado de desempeño y dedicación de cada uno de los implicados.

En Baleares, el alcalde mejor pagado es el de Palma, con una retribución anual de 58.539 euros. El que menos percibe es el de Es Castell en Menorca, con unos ingresos de 28.800 euros. Otras localidades como Inca o Manacor destinan 36.000 y 49.000 euros a sus alcaldes, respectivamente. Y todos ellos se sitúan por debajo de los 65.757 euros de la presidenta del Consell. Los datos corresponden al ejercicio de 2018 por lo que, en algunos casos, las cifras serán superiores, toda vez que muchas de las nuevas corporaciones surgidas tras las elecciones de mayo decidieron incrementar sus retribuciones con porcentajes nada desdeñables.

Que los políticos tengan nóminas elevadas no debería ser objeto de debate. Un sueldo anual de 58.000 euros como el del alcalde de Palma es razonable si se tiene en cuenta que la administración que encabeza gestiona un presupuesto anual que se acerca a los 480 millones de euros sumado el funcionamiento de la propia corporación y las diferentes empresas municipales. En el sector privado, una empresa de esta envergadura tendría al frente un ejecutivo mucho mejor pagado, con una remuneración probablemente vinculada a la consecución de objetivos.

El problema no es el nivel salarial de nuestros políticos. Tan perjudicial sería que se acaben pagando salarios bajos a quienes gestionan los intereses de todos, como que se dediquen a la política personas que en la actividad privada difícilmente alcanzarían un estatus lejanamente similar. Ni siquiera es un asunto que pueda medirse por el número de horas dedicadas al cabo del día. La justicia de la remuneración deben marcarla la competencia y los resultados.