Los retos en Territori de Marta Vidal

La flamante consellera de vivienda, territorio y movilidad ostenta algunas de las carteras más delicadas y con mayores expectativas. Seguramente, esta es la razón por la cual Marga Prohens ha puesto al frente de dichos departamentos a una abogada menorquina de carácter para que extrapole la efectividad, la exigencia y el ritmo del sector privado a una administración pública anquilosada y reumática.

Sobre su tejado tiene el mayor problema de las islas sin visos de solución: la vivienda, un sector que no funciona ni en espacio aéreo ni terrestre: transportes y un departamento magullado por el populismo de la izquierda y saturado de burrócratas con más tiempo libre que ganas de dar soluciones: territorio. En este último caso, es especialmente sangrante la inoperancia del departamento de Recursos Hídricos (perteneciente a Medi Rural) o la arbitrariedad que reina en la Comisión Balear de Medioambiente.

A excepción de Sanidad, Turismo y Costas, las patatas calientes están en manos de Vidal, quien deberá maniobrar con inteligencia y astucia para desarmar la maraña jurídica heredada por el anterior gobierno y vertebrar un nuevo ordenamiento que aporte seguridad jurídica, rigor y sentido común.

Ha llegado la hora de poner firmes a las aerolíneas que se mean en la cara de los ciudadanos de Baleares, de hacer frente a una Ley de Vivienda estatal populista e inútil y de dejar sin efecto los decretos de medidas “urgentes” en materia de urbanismo de Armengol, así como de modificar la Ley de Urbanismo y la Ley Agraria para que los ciudadanos tengan más garantías y menos procesos burrocráticos para ejercer sus derechos.

El invento de las Zonas de Alto Valor Agrario debe desaparecer, los ANEI deben volver a ser computables (no edificables), el Suelo Rústico Común Forestal debe volver a ser edificable con su necesaria franja de no combustión, la LUIB debe reconocer los derechos patrimoniales de quien sufre una merma lucrativa por un cambio de calificación urbanística, las terrazas de los chiringuitos deben volver a su lugar injustamente expropiado, las casetas-varadero deben ser protegidas y no perseguidas y el Govern tiene que volver a tratar a los ayuntamientos como un aliado y no como el enemigo. Estos son sólo algunos de los deberes que los ciudadanos y los profesionales del sector esperamos del nuevo gobierno.

Vidal deberá recordar a sus funcionarios para quien trabajan y quien les paga sus nada desdeñables nóminas, dado que en los departamentos que ahora capitanea se han apesebrado y acomodado en el “no, ya recurrirás”. Es imperativo disponer facilidades para desarrollar el suelo urbano y de mecanismos que agilicen la aprobación de modificaciones de planeamiento urbanístico municipal. Junto con ello, Vidal debe implementar criterios jurídicos (no políticos) para que promotores y particulares tengan garantías en suelo rústico (especialmente en las categorías edificables de suelo rústico común) y no tengan que pasar lustros a la espera de una licencia. Entorpecer la tramitación no es sinónimo de protección. Es un mantra que la izquierda nunca ha sabido entender por incapacidad o por falta de voluntad. En estos detalles se juegan las próximas elecciones.