El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares han mostrado su “total malestar ante la falta de protección de la propiedad privada” y los graves efectos que pueden suponer la reciente aprobación por el Gobierno del Real Decreto Legislativo 1/2021, de 19 de enero, de protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Según han explicado en un comunicado, el decreto “viene a sumarse a la maraña y compleja normativa ya existente, generada a golpe de decreto, con una total falta de definición, concreción y, en definitiva, de criterio ante los verdaderos expolios que se suceden”.
La presidenta del Colegio y de la Asociación, Natalia Bueno, ha asegurado que el Decreto “amplía la protección de los okupas, puesto que solo se permitirá el lanzamiento cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas”.
“En la práctica”, ha señalado, “vamos a tener que soportar fechas de lanzamientos judiciales superiores a las actuales, que ya son largas -entre 6 y 12 meses en casos de segundas residencias- y seguir pagando los suministros de la vivienda, comunidad de vecinos e impuestos.
Asimismo, Natalia Bueno ha pronosticado que con la aprobación de este RDL “van a seguir proliferando empresas de desocupas, de instalación de puertas anti ocupas y contratación de alarmas, con unos beneficios en progresión exponencial y no sería extraño ver aparecer en Baleares empresas de asesoramiento de cómo ocupar viviendas y tener suministros, tal y como ya existen en otras ciudades de España, que en la práctica ya existen aquí en el mercado negro a través de ‘redes profesionales’ que se dedican a detectar viviendas vacías y cobrar dinero por cederlas o cobrar por personas que en ellas habiten”.
“Ante tal situación de desamparo, incomprensión e impotencia por la nula protección a la propiedad privada”, explican, “el Colegio y Asociación API Baleares manifiestan su total desacuerdo ante tales medidas e insta a los legisladores a modificar la Ley y a la sociedad a que sea proactiva en la exigencia de que se respeten sus derechos para que la vivienda no solo cuente como fuente de recaudación de impuestos sino como derecho a la propiedad privada, tal y como recoge el artículo 33 de la Constitución”.
Si (
No(
A favor (
En contra (
![EditMaker [version]](https://www.mallorcadiario.com/imagenes/logo-cibeles-peq.gif){kind=logo}
