Los partidos de Baleares se mojan en bienestar animal

A lo largo de las dos horas de encuentro, los portavoces de los distintos partidos han expuesto la postura y promesas de sus formaciones en cuanto a legislación, gestión de Son Reus y Natura Parc, calesas y formación de policías locales en dicha materia.

Antes de comenzar, el portavoz de la Comisión y moderador del debate, el abogado Manuel Molina, ha destacado que en Baleares "la protección animal ha avanzado muy poco". La ley 1/92 tiene más de 25 años, apenas ha sido reformada y, entre otras carencias, contempla multas irrisorias para, por ejemplo, dejar encadenado permanentemente a un perro: apenas 60 euros.

Para Molina y demás integrantes de la Comisión, el gran problema en Baleares es que "no se aplica la ley ni se persiguen los delitos por parte de las Administraciones", además de que apenas se fiscalizan los procesos de protección animal.

Todos los partidos de la mesa han coincidido en que la ley "se ha quedado obsoleta" y es necesario renovarla, en mayor o menor medida. Así, desde el PP creen que es fundamental acortar los plazos de estancia en centros de protección de aquellos animales que hayan sido recogidos como vagabundos o renunciados, el PSIB ve urgente la creación de una oficina autonómica que canalice la gestión de este área, así como el cambio del concepto "de dueño por cuidador", Unidas Podemos promete directamente una ley nueva -crtiticando la falta de valentía del Pacte de Progrés en la última actualización-, Més cree que se debe regular "ya" la cría ilegal de animales y el comercio por internet, el PI pide consenso para reformar la ley 1/92 y hacerla "eficiente", Ciudadanos ha expresado su "sorpresa" ante tanto consenso "y tan pocos avances", Moviment 4Illes urge a presionar desde Baleares a Madrid para que la legislación sea realmente contundente, Actúa incide en la necesidad de "hablar menos y hacer más" además de crear una Oficina de Protección Animal, el PLIE exige más colaboración con Policías Locales y Pacma ha repetido como un mantra que la clave para cualquier avance es "voluntad política".


En cuanto a la gestión de Son Reus y la gran cantidad de quejas registradas en los últimos años contra la gestión de la dirección, prácticamente todos han coincidido en que falta presupuesto para incluir más personal.
En este sentido, el PSIB no ha entrado "en particularidades" pero cree que toda gestión debe llevar aparejado un liderazgo, un objetivo de proyecto social y respaldo técnico. "Se necesita una actuación global, sino son parches". Desde Més inciden en la falta de recursos. "Habríamos querido más bibliotecas, más autoescalas para los bomberos, más dinero para Son Reus...", ha reconocido Rigo.
Para el PP, "culpar al gerente de la perrera de todo mal funcionamiento es como culpar al entrenador· y ha remarcado que los políticos deben dar "más herramientas al personal para mejorar el día a día". Además, ha indicado que la propuesta de reforma de su partido "no pasa por hacer un hotel de lujo para animales sino quitar la uralita y poner luz.
Unidas Podemos cree que todos los municipios deben contar con una mesa de bienestar animal y se debería crear un registro de maltratadores. Desde el PI señalan a los gobernantes que llevan décadas gestionando como "culpables" del mal funcionamiento. Ciudadanos pide más veterinarios y mejores tratamientos ya que "no es de recibo que sean los voluntarios los que paguen de su bolsillo estas coberturas". Moviment 4 Illes indica que "Palma se merece un nuevo centro de gestión de animales" ya que 43 años de Son Reus dan para amortizarlo por completo. Actúa, directamente, pide un cambio de dirección enSon Reus así como una ampliación del horario. El PLIE ve justificadas las quejas a la gerencia y urge a mayor coordinación policial. Y por último Pacma, que considera que "la realidad de Son Reus y su funcionamiento es un síntoma del verdadero problema, que es global: sin políticas públicas no hay nada que hacer".


En el apartado de Natura Parc, empresa privada que asume el servicio de recogida y gestión de animales de la calle de cerca de 40 municipios de la isla, la inmensa mayoría han coincidido en que las Administraciones no deben subcontratar estos servicios y los municipios deben hacerse cargo "de lo que ocurre en su territorio". Unidas Podemos, además, propone que se priorice la contratación con protectoras de cada localidad.

En cuanto a las calesas, todos -a excepción del PLIE- han coincidido en su oposición a su funcionamiento por "el sufrimiento animal y la mala imagen que dan de ciudadaes que aspiran a ser referentes turísticos, como Palma o Alcúdia". La cuestión es cómo acabar con ellas con licencias legales y vitalicias y ahí es donde se toca un tema sensible: el presupuesto. "Acabar con ello significa dinero", han recordado varios representantes. En este sentido, el más concreto ha sido el candidato de Moviment4Illes que ha propuesto "que la expropiación de estas licencias se pague con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible".

Sobre la formación de los policías locales en materia jurídica para actuar en casos de maltrato, todos han coincidido en la necesidad de trabajar en ello y el representante de Més ha asegurado que en Palma ya se hace en Son Reus, si bien no ha podido concretar quién, cuándo y con qué periodicidad se han impartido estos cursos.

PROPUESTA DE COLABORACIÓN ENTRE COMISIÓN Y PARTIDOS

Asimismo, durante el encuentro, el portavoz de la Comisión de Defensa de Derechos de los Animales, Manuel Molina, ha anunciado la redacción de un informe con varias propuestas en materia de bienestar animal que desde la Comisión experta van a hacer llegar a los diez partidos que han participado en el debate.

Molina ha reiterado, una vez más, la disposición "total y altruísta" de todos los miembros de la Comisión para colaborar con cuantas Administraciones lo requieran y avanzar así en la legislación y la aplicación concreta de ésta.