Prohens ha subrayado que las ilegalidades relacionadas con construcciones en suelo rústico, objeto del decreto de simplificación administrativa que se tramita como ley, ya han prescrito; y que se está llevando a cabo una adaptación de la legislación balear a la normativa estatal sobre cambio climático.
Prohens ha solicitado una “capacidad de ceder a unos y a otros” para lograr un consenso definitivo. Además, ha enfatizado que la negociación debe ser “seria y discreta”, evitando en todo momento el objetivo de obtener un beneficio político en relación con un tema tan sensible como lo es la seguridad pública. “Si hay algo que corregir, se corregirá sin hipocresías porque hay mucho que revisar”, ha afirmado la presidenta del Govern.
El representante del PSIB-PSOE, Iago Neguerela, ha solicitado a la presidenta que "fije una fecha, un día y una hora, y no mensajes de wasap" para comenzar esta negociación. Además, enfatizó la importancia de que, además de a la oposición, también se "escuche" y convoque a los técnicos y científicos, quienes son los verdaderos conocedores de esta problemática.
El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha realizado numerosas preguntas a la presidenta sobre "a quién beneficia" la legalización de las casas rústicas ilegales que se encuentran en áreas propensas a inundaciones. Además, ha descrito el decreto de simplificación administrativa como “un bulldozer” y ha pronosticado que la futura ley será “napalm contra el medioambiente”.
En respuesta a una pregunta formulada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, la presidenta Prohens ha manifestado, con evidente molestia, que no tolerará “las mentiras, la demagogia y el uso de los muertos” en la Comunidad Valenciana durante la DANA “para hacer política”. Además, ha enfatizado que "por encima del decreto ley de simplificación administrativa, ha habido, hay y habrá un plan hidrológico, así como también unos planes territoriales de cada isla que definen muy bien qué se puede hacer y qué no en cada una de ellas".Por esta razón, ha declarado que no participará en una contienda que considera "un error" y se enfocará en llevar a cabo "actuaciones de prevención", ya que "el gran problema son las viviendas ya construidas en zonas inundables". Para abordar este asunto, ha indicado que "este Govern ha presentado" a la izquierda "una propuesta en la disposición adicional séptima". La dirigente autonómica ha subrayado que se espera una respuesta sobre "qué quieren hacer con estas personas".