Ya no se acordarán, pero durante la última legislatura en que el PP gobernó esta Comunidad Autónoma (2011-2015) se les ocurrió la brillante idea de cobrar diez euros por la expedición de la tarjeta sanitaria, además de reducir el número de personas que tenían derecho a ella, básicamente inmigrantes irregulares. Es cierto que las penurias económicas derivadas de la crisis obligaron a adoptar decisiones difíciles y a menudo imposibles de explicar ni de entender, pero no es menos cierto que la mayoría de aquellas decisiones descansaban en la espalda de los más desfavorecidos de la sociedad, como suele suceder. Por supuesto, los partidos de izquierdas, en la oposición, clamaron al cielo y lograron desgastar al Ejecutivo de José Ramón Bauzá, gracias a lo cual alcanzaron el poder hasta el día de hoy.
Hemos dejado atrás la crisis económica y ahora, gracias al PSIB, Més y Podem, ya no hay ese tipo de problemas. Pero mira por dónde que si un incauto desempleado —que alguno sigue quedando por más que no se hable de ellos— opta por llamar al teléfono 012 de información del Govern para pedir cita previa al SOIB o para sellar la tarjeta del paro, tiene que pagar. Hemos conocido el caso de un parado que tuvo que pagar 0,64 euros. Los parados que residen en Madrid o Euskadi no pagan si llaman al 012, pero en Balears, donde gobierna la izquierda y donde hay que soportar que Francina Armengol, Pilar Costa, Iago Negueruela, etc. vayan presumiendo de proteger a los más débiles. Será a los de la India...