Los juzgados de Violencia sobre la Mujer advierten del caos que se avecina

Para Carmen Gámiz, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 6 de Madrid y miembro del comité nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), este aumento de casos será "la puntilla" para unos juzgados que ya se encuentran "sobrecargados" de trabajo y que ahora tendrán que asumir asuntos de instrucción "muy compleja" y que requieren de mucho tiempo para escuchar adecuadamente a la víctima y realizar la investigación.

En el mismo sentido, la cofundadora de la Asociación Mujeres Juezas de España (AMJE) y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, cree que con la sobrecarga que sufren los juzgados en la actualidad, estas nuevas competencias solo se podrán acometer creando nuevas plazas.

Y para ilustrarlo recuerda los resultados de la valoración de riesgos psicosociales elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que puso de manifiesto que el 84% de los órganos judiciales en España están en riesgo "muy elevado" por sobrecarga de trabajo. En el caso de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, este riesgo se situaba en el 72 %.

"Si ya partimos de una sobrecarga estructural de trabajo y además le añadimos un 20 % más, esto va a tener un impacto bidireccional. Primero, en la propia salud de las personas que dirigen estos órganos y segundo, en la calidad de la Justicia, ya que a menor tiempo distribuido en más asuntos, hará que la dedicación disminuya y afectará a la calidad de la justicia que se dé a las mujeres víctimas de violencia de género", indica a EFE.

Así, esta magistrada considera que deben incrementarse las plazas de jueces y juezas que se dediquen a la violencia sobre la mujer. "Solo así podrá absorberse con normalidad".

"Si se mantiene la planta actual, vamos a ser pocos", insiste Gámiz, que explica que el año pasado en Madrid registraron casi 2.000 asuntos por juzgado.

Esto ya es mucho "y vamos al día". "Si nos dan más casos va a llegar un momento en que no va a ser posible. Algo se tiene que atrasar forzosamente, es matemática pura".

LOS JUECES ADVIERTEN DEL COLAPSO TOTAL

De esta situación ya alertaron el pasado 3 de marzo un total de 135 jueces especializados en violencia machista que advirtieron del "colapso total" que supondrá para sus juzgados la entrada en vigor de ley de eficiencia de la Justicia, ya que deberán asumir todos los delitos sexuales, aunque no se circunscriban al ámbito de la pareja, así como otros de trata, acoso o mutilación genital.

Ello supondrá -calculan- un aumento de un 20 % en la carga de trabajo de estos juzgados, según ha admitido el propio ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, quien ha trasladado la intención de reforzar las secciones especializadas con recursos procedentes de las de instrucción.

De hecho, el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, Bolaños anunció que ampliará un 50 % el número de jueces especializados.

La pregunta que se hacen ahora desde las asociaciones de jueces es cómo se llevará a cabo ese incremento.

"DESVESTIR UN SANTO PARA VESTIR OTRO"

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, se pregunta de dónde va a sacar el Ministerio todas esas plazas. "No ha habido ninguna convocatoria específica de plazas de oposición para juez y tampoco se ha dicho si se pretende utilizar el cuerpo de sustitutos para conseguir una consolidación y que sean esas personas las que se dediquen a esas plazas".

"Nosotros nos tememos que cuando el ministro habla de aumentar el 50 %, se refiere a convertir a muchos jueces y juezas de instrucción en jueces de violencia sobre la mujer. Es decir, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. El Gobierno genera un problema nuevo y, para solucionarlo, provoca otro problema mayor en la jurisdicción penal", alerta en declaraciones a EFE.

Y a esto se le suma otro gran problema, como es el de la especialización de los jueces en materia de violencia machista. Por eso Oliva cree que lo más oportuno sería convocar oposiciones para crear nuevas plazas de jueces que cuenten con una formación idónea en esta materia.

RETRASOS Y PEOR ANTENCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Gámiz advierte, además, de que con el incremento de casos no podrán atender a las víctimas igual que ahora y muchos asuntos se retrasarán. "Nosotros conocemos de primera mano lo que puede suceder porque sabemos el tiempo que lleva escuchar a una víctima".

Recuerda, asimismo, que esos juzgados tienen también competencias civiles, como divorcios, adopción de medidas en relación a los hijos menores de edad, régimen de visitas...

Y señala que algunos de sus compañeros están proponiendo la creación, dentro de los juzgados de instrucción, de secciones especializadas en violencia sexual, aunque advierte de que para esto se necesita más personal, y no solo jueces, sino la infraestructura de tramitación de esos asuntos con el personal correspondiente.

Para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JjpD), Edmundo Rodríguez, lo anunciado por el Gobierno "va en el camino correcto" al reorganizar y atribuir un mayor número de recursos a la lucha contra la violencia sobre la mujer y convertir los antiguos juzgados de instrucción, los juzgados de lo Penal y las Audiencias en órganos especializados en violencia sobre la mujer.

La cuestión -explica- es que se han solapado dos reformas al mismo tiempo. Por una parte la que atribuye nuevas competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer, y por otra parte la reforma de la planta judicial, que reduce los más de 3.800 juzgados unipersonales existentes a 436 tribunales de instancia.

De esta manera, ya no habrá Jugados de Violencia de sobre la Mujer, sino que va a haber Secciones de Violencia sobre la Mujer dentro de los Tribunales de Instancia de cada localidad.