Los funcionarios contra Hila

El alcalde de Palma, José Hila, parece haberse metido él solito en un buen berenjenal. Un elevado número de altos funcionarios y jefes de departamento de Cort, un total de 10, han elevado un documento a varias instituciones, entre otras al Tribunal de Cuentas, alertando de posibles ilegalidades y fraccionamiento de contratos en la auditoría externa que el consistorio palmesano ha encargado básicamente a la empresa Roig, Obres, Serveis i Medi Ambient, SA. Los funcionarios municipales lamentan que se contrate a una empresa externa, lo que a su juicio supone en duda su profesionalidad en la labor de control de la legalidad y su imparcialidad, a la vez que reclaman que la auditoría la lleve a cabo el propio Tribunal de Cuentas. Esta petición de explicaciones ya se formuló de forma interna, sin que el equipo de gobierno haya respondido al requerimiento, lo que ha forzado a tan elevado número de trabajadores públicos a actuar de una forma que solo puede calificarse de poco habitual.

Que tan elevado número de responsables de departamento planteen la posibilidad de que se puedan cometer ilegalidades en la contratación de auditorías externas es algo que necesariamente ha de llevar a reflexionar al equipo de gobierno. Como es natural, el PP ya ha exigido la retirada del contrato para encargar a una auditora externa la elaboración de la auditoría motivo de controversia a través de un contrato menor, aunque este seguramente sea el menor de los problemas. Lo más grave es que los líderes políticos que mandan en Cort hagan las cosas de tal manera que solivianten a los funcionarios públicos hasta el punto de que estos les acusen de cometer ilegalidades. Esto sí que no tiene precedentes en Palma y obliga a una explicación inmediata y a una paralización de los planes del alcalde Hila al respecto hasta que todo se aclare.