Los constructores claman por la "competencia desleal" que suponen los vertidos de obra ilegales

Ante la proliferación de vertidos de residuos de obra y demoliciones, especialmente en terrenos rústicos, durante los últimos meses, los constructores alzan la voz por cómo repercuten estas infracciones al sector: "Es un grave perjuicio para los que sí pagan los costes del tratamiento, cumplen con la normativa y repercuten dicho coste en los presupuestos a sus clientes", explica la presidenta de la asociación, Sandra Verger.

Lo que ocurre es que, una vez que se generan los residuos de obras de construcción, en lugar de transportarse al gestor autorizado (MAC Insular es el único en Mallorca), acaban sin la obligatoria trazabilidad en parcelas rústicas, almacenados, vertidos o triturados ilegalmente.

A esto se suma el hecho de que en la mayoría de estos casos, se trata de obras que no tienen la pertinente licencia, explican los constructores. Son obras ilegales, y para poder llevar los residuos a MAC insular se exige tener licencia de obra. "Los que inician una obra ilgal, no tienen licencia, por lo que tiran sus residuos en cualquier parte".

Por otro lado, hay empresas infractoras que, a pesar de tener licencia, "prefieren tirar dichos residuos a un vertedero ilegal para eludir los costes del tratamiento y ahorrarse el dinero".

Desde la asociación enfatizan que "son casos aislados y excepciones" y ponen en valor que "prácticamente en todas las obras se realiza un proceso correcto y legal con los residuos".

Sin embargo, se constata un aumento de esta conducta incívica sobre todo en fincas y terrenos rústicos, algunos protegidos, lo que ha llevado a la Guardia Civil a icnrementar las inspecciones en la isla y la vigilancia a través del equipo del SEPRONA, comprobando, además, que estos escombros se intentan enterrar u ocultar, por lo que las denuncias anónimas suelen ser claves, e indican desde la Benemérita que se ha desbordado el número de quejas.

Uno de los últimos vertederos descubiertos fue a mediados del mes de mayo en Marratxí, con grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico. Ante varias denuncias, el instituo armado inició inspecciones, además de en Marratxí, en terrenos de Palma, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdera. Los registros continuarán durante los próximos meses en más localidades de Mallorca.

Precisamente en Marratxí dos personas se enfretan a un multazo de hasta 100.000 euros por abandonar hasta diez toneladas de residuos en Es Garrovers y Camí de Son Sales.

PROCESO Y NORMATIVA

El procedimiento legal para el tratamiento de los residuos de obra es llevarlos a un gestor autorizado. En Mallorca, el único autorizado para todo tipo de residuos es MAC Insular. En este sentido, tal y como explican los constructores, cabe diferenciar materiales de excavación, residuos inertes, que se pueden llevar a una cantera para ser utilizados en el plan de restitución, de los residuos de obra, que solo se pueden trasladar a dicho gestor autorizado.

Para cualquier proyecto de construcción, además, es obligatorio presentar un Plan de Gestión de Residuos antes de iniciar la obra, que incluya una estimación de los tipos y cantidades que se generarán, medidas para su separación, rcogida y transportes. Asimismo, cabe tener en cuenta la normativa: tanto la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, aplicable a toda España, que establece el marco general, así como la normativa autonómica y ordenanzas municipales. Según establece la normativa, el propietario de la parcela es quien posee los escombros y es, por tanto, el responsable de gestionarlos entregándolos a un gestor autorizado.

El vertido inadecuado de residuos de obra tiene múltiples efectos negativos sobre el medio ambiente.

SANCIONES

En caso de acreditarse riesgo o afectación del suelo o masa de agua por los vertidos ilegales de residuos contaminantes, como el peligroso fibrocemento con amianto, se trata de un delito contra el medio ambiente. Las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción, pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, y por tanto la infracciónp pasa a ser un delito.

Sobre las sanciones, estas oscilan entre los 2.001 y 600.000 euros en el caso de que su hubiera contaminado el suelo.

EXISTENCIA DE ENTRAMADOS INDUSTRIALES

MAC Insular ha alertado de la existencia de entramados industriales organizados en estos vertidos, que operan sin cumplir con las garantías ambientales ni respetar la normativa, actuando bajo la economía sumergida.